La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los motines ocurridos los días 17 y 18 de enero en tres cárceles de Guatemala, donde grupos del crimen organizado tomaron rehenes y desataron una ola de violencia que culminó con el asesinato de 11 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los disturbios tuvieron lugar en el Centro de Máxima Seguridad Renovación I, Fraijanes II y el Centro Preventivo de la Zona 18. Según la CIDH, los reclusos iniciaron los motines como protesta ante la revisión o eliminación de supuestos beneficios penitenciarios, que el Estado considera ilegales. Tras retomar el control de los centros, las autoridades reportaron ataques armados contra agentes policiales en distintas zonas del país.
Frente a estos hechos, el presidente de Guatemala decretó estado de sitio por 30 días, medida ratificada por el Congreso. La CIDH advirtió que esta violencia ocurre en un contexto delicado, coincidiendo con el inicio de los procesos de renovación de autoridades clave, como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público.
La Comisión instó al Estado a investigar con seriedad e imparcialidad los homicidios de los policías, sancionar a los responsables y prevenir la repetición de estos actos. También recordó la obligación de garantizar la vida y la integridad de los reclusos y del personal penitenciario.
“Se deben imponer controles efectivos para impedir la entrada de objetos ilícitos y restablecer las condiciones de seguridad”, indicó el organismo.
Finalmente, la CIDH pidió garantizar procesos de elección de autoridades en 2026 “con las máximas garantías de seguridad y transparencia”, bajo estándares interamericanos. Afirmó que el fortalecimiento del Estado de derecho depende del desarrollo íntegro y legítimo de estos procesos.
