La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles las graves violaciones a las garantías de las personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua.
Ellos exigen al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación inmediata de todos los presos políticos. Esta declaración se produce tras el destierro de 135 personas excarceladas el pasado 5 de septiembre, enviadas a Guatemala en condiciones de vulnerabilidad y con secuelas físicas y emocionales severas.
El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), adscrito a la CIDH, ha recibido numerosos testimonios de las personas liberadas, entre las que se encuentran defensores de derechos humanos, laicos católicos y misioneros.
Estos testimonios revelan las deplorables condiciones en las cárceles nicaragüenses, donde los presos sufren insalubridad, falta de acceso a agua potable, alimentación deficiente, negligencia médica, y restricciones a las visitas familiares y la recepción de paquetes.
Además, las denuncias indican la aplicación de tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo golpizas, descargas eléctricas, aislamiento prolongado, privación del sueño, y acceso limitado a la luz solar.
En el caso de las mujeres detenidas en la prisión de La Esperanza, los testimonios destacan la falta de productos básicos de higiene, el hacinamiento en celdas insalubres y la ausencia de atención médica adecuada, a pesar de que muchas presentaban problemas de salud.
Tras su liberación y exilio en Guatemala, los presos excarcelados se enfrentan a la incertidumbre y la vulnerabilidad debido a los traumas sufridos en prisión y al temor por la seguridad de sus familias que permanecen en Nicaragua.
Ante esta situación, la CIDH ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que brinde apoyo humanitario y legal a los desterrados, y exhorta a los países receptores a ofrecerles protección internacional y estabilidad migratoria.
Por último, la CIDH ha reiterado su petición al gobierno de Nicaragua de cesar la persecución contra defensores de derechos humanos y opositores políticos, y de liberar a las al menos 36 personas que aún permanecen detenidas arbitrariamente, incluidos líderes indígenas que enfrentan condiciones inhumanas de encarcelamiento.
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que promueve la defensa de los derechos humanos en la región.
