La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este viernes que la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes tribales de la Costa Caribe de Nicaragua enfrenta una amenaza sin precedentes.
En un informe titulado “Nicaragua: Violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe”, el organismo documenta un patrón sistemático de violencia, despojo territorial y represión estatal que pone en peligro la continuidad de estas comunidades como pueblos diferenciados.
La CIDH detalla que, desde el año 2000, el régimen autonómico de la Costa Caribe —uno de los principales avances en derechos colectivos tras la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1987— ha sido socavado deliberadamente para favorecer la concentración del poder en el Ejecutivo.
Esa centralización, señala el informe, facilitó la imposición de gobiernos paralelos subordinados a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que permiten la explotación directa de los territorios y recursos naturales por parte del Estado y de empresas mineras, madereras, ganaderas y de monocultivo.
La Comisión describe un contexto de impunidad estructural en el que colonos armados y grupos criminales invaden territorios indígenas con la tolerancia o complicidad de las autoridades estatales, cometiendo asesinatos, violaciones, secuestros y desplazamientos forzados.
Entre 2020 y 2024 se registraron tres masacres de gran escala, mientras más de 15 comunidades han recibido medidas de protección de la CIDH y la Corte IDH que Nicaragua nunca implementó.
Colonización interna y exterminio cultural
El informe advierte que estas agresiones no son hechos aislados, sino parte de una política de colonización interna que busca despojar a los pueblos originarios de sus territorios ancestrales.
El resultado es devastador: la pérdida del territorio implica también la pérdida de la lengua, los conocimientos, la espiritualidad y las formas de vida tradicionales, elementos que constituyen la esencia misma de su existencia cultural colectiva.
“La violencia ejercida por colonos armados y otros grupos con el fin de despojarlos de sus tierras ancestrales amenaza gravemente su supervivencia cultural y colectiva”, concluye la CIDH.
Crisis democrática y represión
Desde la crisis sociopolítica de abril de 2018 en Nicaragua, la situación se ha agravado. El colapso del Estado de derecho y la concentración total del poder en el Ejecutivo han permitido el uso de la violencia como herramienta de control político, criminalizando a líderes indígenas, ambientalistas y defensores del territorio.
Las reformas constitucionales de 2024, que eliminaron los contrapesos democráticos, representan —según la CIDH— la consolidación del desmantelamiento del régimen autonómico y el cierre de los espacios de participación comunitaria.
La Comisión exhorta al Estado nicaragüense a restablecer el respeto a los derechos colectivos, garantizar la seguridad territorial y cesar la represión, al tiempo que llama a la comunidad internacional a mantener el acompañamiento y la presión diplomática.
También reconoce la valentía de líderes y defensoras que, pese al asedio, continúan denunciando las violaciones desde el exilio o la clandestinidad.
El informe de la CIDH señala que la Costa Caribe de Nicaragua se ha convertido en un escenario de exterminio físico y asimilación forzada, donde el despojo territorial amenaza con borrar siglos de historia, identidad y resistencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
