La región centroamericana se ha convertido en uno de los escenarios clave de la ofensiva geoeconómica de China en América Latina, mediante una estrategia que combina infraestructura, préstamos e influencia diplomática para profundizar la dependencia económica de los gobiernos locales. Así lo advierte el artículo “Development or Dependence? Rethinking China’s Economic Playbook in the Americas”, publicado por Guido Torres, investigador del Atlantic Council, en el portal del Irregular Warfare Initiative.
Según Torres, la diplomacia económica china busca subordinar las decisiones políticas de los países centroamericanos mediante herramientas de “guerra irregular”, como el financiamiento condicionado, el control estratégico de puertos y telecomunicaciones, y el uso de incentivos diplomáticos para lograr objetivos geopolíticos, como el aislamiento de Taiwán.
Desde 2017, Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras abandonaron su relación con Taiwán para reconocer a Beijing como su socio oficial, decisión que estuvo acompañada de promesas de inversiones en estadios, hospitales, plantas de tratamiento y megaproyectos de infraestructura.
Torres recuerda que en Honduras, la decisión se tomó en 2023 después de que funcionarios del gobierno de Xiomara Castro compararan abiertamente lo que Taiwán y China podían ofrecer. Según informes, Honduras solicitó a Taiwán 2000 millones de dólares en asistencia para el desarrollo, incluyendo un hospital y una presa hidroeléctrica, aunque el gobierno hondureño lo negó. Cuando Taipéi se negó, Honduras selló rápidamente un acuerdo con Pekín. China recompensó la iniciativa con visitas de Estado y nuevos acuerdos de cooperación. Pero exportaciones claves como las del camarón que tenían a Taiwán como principal mercado, han visto quebrar empresas luego que China prometiera compras que no se concretan.
El Salvador, en tanto, rompió lazos con Taiwán en 2018 y recibió el ofrecimiento chino de construir un estadio nacional y una biblioteca. Sin embargo, autoridades estadounidenses advirtieron que el proyecto del Puerto de La Unión podría tener fines militares encubiertos, lo que elevó la preocupación sobre el verdadero propósito de los proyectos chinos en la región.
En el caso de Panamá, la influencia de China se extiende mucho más allá del comercio. Tras transferir el reconocimiento diplomático de Taiwán a China en 2017, Panamá se adhirió a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) y recibió con agrado un aumento de delegaciones empresariales chinas. El gobierno de Trump condenó que la empresa CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, operara dos terminales portuarias clave a ambos lados del Canal de Panamá. Desde entonces, la empresa estadounidense BlackRock ha buscado adquirir los puertos, aunque el acuerdo se encuentra actualmente en un limbo legal.
Sin embargo, el presidente panameño, José Raúl Mulino, también declaró que Panamá se ha retirado de la BRI y que Estados Unidos está ayudando a Panamá a reemplazar los equipos de telecomunicaciones de Huawei en 13 ubicaciones en todo el país. Mulino y los funcionarios panameños posteriores ahora tendrán que actuar con cautela: apaciguar las preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos en torno al canal, sin aparecer como un títere de Estados Unidos y continuando la bienvenida al capital chino.
El análisis del Atlantic Council insiste en que esta estrategia de coerción económica china pone en riesgo la soberanía regional, ya que transforma la inversión extranjera en una herramienta para condicionar decisiones internas. Mientras los gobiernos centroamericanos continúan recibiendo capital e infraestructura, expertos advierten que esta relación puede generar una nueva forma de dependencia, disfrazada de desarrollo.
