El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica advirtió que las reformas promovidas entre 2024 y 2026 por Daniel Ortega y Rosario Murillo profundizan la concentración del poder y apuntan hacia la consolidación de lo que el organismo describe como una “dictadura dinástica” en Nicaragua, tras un prolongado deterioro del sistema electoral.
El análisis, titulado Nicaragua: el último clavo al féretro de las elecciones, señala como punto culminante el anuncio realizado por Ortega el pasado 19 de julio, durante la conmemoración del aniversario de la revolución sandinista, cuando declaró que no habría más elecciones y anticipó reformas constitucionales para materializar esa decisión. Según el documento, posteriormente el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, anunció nuevas modificaciones a la Constitución.
Las reformas planteadas contemplan ampliar el período presidencial a siete años renovables y extender esa disposición a más de 7,000 cargos públicos, incluidos puestos de elección popular, del Ejército y la Policía. El estudio recuerda que entre 2024 y 2025 ya se modificaron más de 100 artículos constitucionales para crear dos copresidencias, subordinar otros poderes del Estado a la Presidencia, ampliar de cinco a seis años el mandato presidencial y restringir candidaturas de ciudadanos considerados “traidores a la patria”.
El Centro sostiene que este proceso tiene antecedentes de varias décadas. Con base en datos de V-Dem, señala que el indicador de transparencia electoral de Nicaragua cayó de 0.65 en 1990 a 0.14 en 2025, donde 1 representa un mayor grado de transparencia. El informe identifica como otro punto de inflexión el pacto entre Ortega y el expresidente Arnoldo Alemán en 2000, que modificó las condiciones para alcanzar la Presidencia e incidió en la distribución de cargos en instituciones como el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El análisis también menciona las elecciones municipales de 2008 y 2012, la eliminación en 2014 de la prohibición constitucional de la reelección presidencial y del balotaje, y la llegada de Murillo a la Vicepresidencia en 2016. Sobre las presidenciales de 2021, recuerda el encarcelamiento de siete aspirantes opositores, la cancelación de la personería jurídica de dos partidos y el exilio de numerosos dirigentes políticos y sociales.
La organización considera que los cambios más recientes están vinculados con una eventual sucesión de Ortega por Murillo y sostiene que el grupo gobernante pretende asegurar la continuidad de un proyecto político y económico familiar. Según el análisis, Murillo no tendría entre antiguos simpatizantes sandinistas el mismo nivel de respaldo atribuido a Ortega, por lo que el Gobierno habría promovido consultas con sectores como el Ejército, la Policía y empresarios privados para fortalecer su posición.
El estudio también destaca las reacciones internacionales ante el anuncio del 19 de julio. Costa Rica, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Uruguay y la Unión Europea aparecen entre los actores que expresaron rechazo, mientras Estados Unidos solicitó una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La reunión se celebró el 5 de agosto, pero no consiguió los votos suficientes para aprobar una resolución impulsada por Washington, según el documento.
El Centro concluye que la eventual eliminación de las elecciones representaría la culminación de un proceso de restricciones al sufragio y plantea un desafío para los sectores prodemocracia nicaragüenses en el exilio. El análisis considera además que la comunidad internacional, particularmente los países del continente americano, tendrá un papel determinante ante las nuevas reformas y los esfuerzos dirigidos a restablecer condiciones democráticas en Nicaragua.
