La represión política en Nicaragua continúa pese a la disminución de las protestas públicas. Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas documenta al menos 199 detenciones por motivos políticos entre abril de 2025 y enero de 2026, en lo que considera una nueva fase de persecución contra opositores y críticos del gobierno.
El dato aparece en el “Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua”, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que analiza la evolución de las violaciones a los derechos humanos en el país desde 2018.
Según el documento, 199 personas fueron detenidas por motivos políticos en ese período, entre ellas 174 hombres y 25 mujeres, en operativos que se realizaron en distintas regiones del país.
Los expertos señalan que muchas de estas detenciones se realizaron durante operativos policiales simultáneos en varias ciudades, y en numerosos casos los detenidos fueron trasladados a lugares desconocidos, lo que generó denuncias de desaparición forzada.
Entre las personas arrestadas se encuentran militares y exmilitares, antiguos combatientes sandinistas, familiares de opositores en el exilio y ciudadanos que participaron en las protestas de 2018, incluso aquellos que no tenían roles de liderazgo.
El informe advierte que los detenidos suelen enfrentar procesos judiciales acelerados sin garantías básicas, mientras que en las cárceles se reportan condiciones de aislamiento, incomunicación prolongada y restricciones en el contacto con familiares.
Naciones Unidas también señala que varias de las personas detenidas son adultos mayores con enfermedades crónicas que requieren tratamiento médico constante, lo que agrava su situación dentro del sistema penitenciario.
Para el Grupo de Expertos de la ONU, estas detenciones forman parte de una estrategia destinada a silenciar la disidencia y mantener el control político, incluso cuando la oposición ha sido debilitada y gran parte de sus líderes se encuentra en el exilio.
