La ausencia del cardenal Leopoldo Brenes esta semana en el consistorio extraordinario del Colegio Cardenalicio en el Vaticano, convocado por el papa León XIV, ha vuelto a colocar bajo escrutinio internacional la relación entre la dictadura de Nicaragua y la Iglesia católica.
La relación está marcada desde 2018 por persecución, destierros y restricciones migratorias contra sacerdotes y religiosos.
El consistorio, celebrado los días 7 y 8 de enero de 2026, reúne a cardenales de todo el mundo para abordar asuntos de “especial gravedad” para la Iglesia, según el canon 353 del Código de Derecho Canónico.
Se trata del primero convocado por León XIV tras asumir el pontificado luego de la muerte del papa Francisco y del que se esperan cambios relevantes en la Curia romana, incluido el cargo de secretario de Estado, ocupado desde 2013 por el cardenal italiano Pietro Parolin.
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¿No lo invitaron?
En ese contexto, llamó la atención la ausencia del cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes Solórzano, arzobispo de Managua y único miembro del Colegio Cardenalicio en Nicaragua.
Brenes aseguró a medios locales que no recibió convocatoria formal para asistir. “No he recibido una convocatoria”, afirmó al canal Vos TV, pese a que, con 76 años, conserva plenamente su condición de cardenal elector.
Fuentes vinculadas a la Iglesia nicaragüense sostienen, sin embargo, que la invitación sí la enviaron desde Roma, pero que Brenes no pudo viajar por restricciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
De confirmarse, el caso se sumaría a un patrón documentado desde las protestas sociales de 2018, cuando la Iglesia fue uno de los pocos actores que denunció la represión estatal y acompañó a las víctimas.
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Destierros de facto
Desde entonces, decenas de sacerdotes, obispos, monjas y pastores han sido vigilados, encarcelados, expulsados o forzados al exilio.
Una práctica recurrente ha sido el “destierro de facto”: religiosos que salen del país por misiones pastorales o motivos personales y luego no pueden regresar por decisiones administrativas migratorias, sin resolución judicial ni explicación oficial.
La investigadora nicaragüense Martha Patricia Molina, que ha documentado cientos de agresiones contra la Iglesia, puso en duda públicamente la versión de Brenes.
Molina subrayó que el papa recordó en su homilía que todos los cardenales asistieron dejando de lado sus compromisos personales.
“Todos nosotros nos hemos detenido para estar aquí; hemos suspendido durante un tiempo nuestras actividades y renunciado a compromisos incluso importantes, para reunirnos y discernir juntos lo que el Señor nos pide por el bien de su Pueblo”, dijo el papa.
Por ahora, la falta de Brenes en Roma se lee en círculos políticos como otro indicio de cómo el control migratorio se convirtió en una herramienta central de presión del régimen contra la Iglesia, en un conflicto que, ocho años después de 2018, sigue sin resolverse.
