El Gobierno de Belice y Estados Unidos firmaron este lunes un Acuerdo de Cooperación para el examen de solicitudes de protección internacional, enmarcado en la Convención de Refugiados de 1951. La cancillería beliceña confirmó que el documento fue suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores, Francis Fonseca, y la encargada de Negocios de la Embajada estadounidense en Belice, Katharine Beamer.
El acuerdo busca reforzar los compromisos humanitarios de Belice bajo el derecho internacional, pero también impone salvaguardias estrictas para proteger la soberanía y seguridad nacional.
Según el comunicado oficial, Belice mantendrá un “veto absoluto” sobre las transferencias, impondrá límites por nacionalidades y cantidad de personas, y aplicará exámenes de seguridad exhaustivos. Ningún individuo considerado amenaza podrá ingresar ni permanecer en su territorio.
Estados Unidos, por su parte, podrá brindar asistencia financiera y técnica si Belice lo solicita, con el objetivo de fortalecer su sistema de gestión migratoria y de asilo. El tratado entrará en vigencia tras ser ratificado por el Senado y luego de establecer los procedimientos operativos, lo cual garantizará su cumplimiento constitucional. Su duración inicial será de dos años, con posibilidad de rescisión por cualquiera de las partes.
Fonseca explicó el viernes que el convenio busca establecer un marco de cooperación con Estados Unidos en el tratamiento de solicitudes de asilo. Bajo este esquema, algunas personas que buscan refugio en territorio estadounidense podrían ser trasladadas a Belice para que sus casos sean evaluados allí, respetando el derecho internacional.
No obstante, la firma del acuerdo ha despertado preocupación política.
La líder de la oposición, Tracy Taegar Panton, calificó el convenio como un asunto de “profunda preocupación nacional” que requiere “escrutinio público serio”.
Aseguró que, aunque Belice mantiene su compromiso regional con temas migratorios y humanitarios, el país carece de los recursos, infraestructura y personal capacitado para ejecutar un acuerdo de esta magnitud.
Panton advirtió que los departamentos de migración y asilo están “subfinanciados y mal equipados”, lo que podría poner al país en riesgo social y de seguridad. Por ello, la bancada parlamentaria del Partido Unido Democrático exigió consultas inmediatas con todos los actores clave y la divulgación pública de los términos del acuerdo antes de tomar una decisión definitiva.
“La soberanía, la seguridad nacional y los recursos limitados de Belice no deben ser comprometidos”, afirmó Panton, quien recalcó que cualquier decisión debe estar guiada por la transparencia, la preparación institucional y el bienestar de la población beliceña.
