El Gobierno de Belice ha dado su aprobación inicial a una propuesta de Estados Unidos para que el país centroamericano funcione como “tercer país seguro” dentro de un nuevo acuerdo bilateral de migración, informó el viernes el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, Francis Fonseca.
Fonseca explicó ante el Parlamento que, aunque el Gabinete ya dio luz verde para avanzar en la negociación, el acuerdo aún se encuentra en una etapa preliminar.
“No puede entrar en vigor hasta que se cumplan los procedimientos legales internos”, subrayó el funcionario, aclarando que será necesaria la ratificación del Senado, conforme al artículo 61A(2) de la Constitución de Belice.
El ministro precisó que el convenio busca establecer un marco de cooperación con Estados Unidos en el tratamiento de solicitudes de asilo. Bajo este esquema, algunas personas que buscan refugio en territorio estadounidense podrían ser trasladadas a Belice para que sus casos sean evaluados allí, respetando el derecho internacional.
“El acuerdo que estamos finalizando con Estados Unidos descansa firmemente en nuestras obligaciones legales internacionales”, aseguró Fonseca.
Añadió que el documento incluye múltiples salvaguardas como el derecho de veto absoluto de Belice sobre los solicitantes que se envíen, restricciones por nacionalidad, un tope anual de personas admitidas, y evaluación de antecedentes penales y habilidades profesionales.
La duración inicial del acuerdo sería de dos años, con posibilidad de suspensión o cancelación unilateral mediante notificación escrita por cualquiera de las partes. Belice también recibiría apoyo técnico y financiero para fortalecer sus capacidades institucionales, en caso de solicitarlo.
“El Gobierno insistió en estas salvaguardas, necesarias ante nuestras limitadas capacidades de gestión migratoria, nuestras consideraciones de seguridad nacional y las características únicas de nuestro país”, sostuvo el jefe de la diplomacia beliceña.
Fonseca insistió en que cualquier implementación será cautelosa y estará sujeta a análisis legales y administrativos detallados para asegurar que el acuerdo “pueda ejecutarse de forma efectiva desde el punto de vista operativo”.
Además, recalcó que el tratado está alineado con las normas internacionales y que su ejecución no implicará que Belice cargue desproporcionadamente con la responsabilidad de la gestión migratoria regional.
“Este acuerdo estará guiado por los principios de justicia, soberanía y respeto al derecho internacional”, remarcó.
