Las Autoridades Indígenas ancestrales guatemaltecas emitieron un comunicado en el que responsabilizan a Porras y Orellana de “pisotear la democracia” y de generar una crisis institucional que, aseguran, mantiene a Guatemala en “zozobra política”.
El documento, firmado por representantes de más de 70 comunidades, califica a la fiscal general como “enemiga de la democracia y verdugo de los Pueblos Indígenas”, mientras que al juez Orellana lo señalan de actuar de forma “abusiva e ilegal” en resoluciones que han favorecido a lo que denominan el “pacto de corruptos”.
Las autoridades exigieron a la Corte de Constitucionalidad (CC) ejecutar la sentencia del 14 de diciembre de 2023, en la que se ordena respetar los resultados de las elecciones generales. También pidieron que se inicien procesos para retirar la inmunidad de ambos funcionarios por violar el principio democrático y desobedecer resoluciones judiciales.
El comunicado además insta al Congreso, al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Registro de Ciudadanos a no acatar disposiciones que consideren ilegales, y a la comunidad internacional a mantenerse vigilante ante lo que describen como un “golpe de Estado técnico” promovido desde el aparato judicial.
En su pronunciamiento, las Autoridades Indígenas hicieron un llamado a todos los sectores sociales, incluidos sindicatos, estudiantes y universidades, a conformar un “frente articulado” en defensa de la democracia y contra la concentración del poder judicial.
Finalmente, advirtieron que están dispuestas a emprender “acciones contundentes y de hecho” si persisten los intentos de consolidar lo que denominan una “dictadura judicial” en Guatemala, asegurando que defenderán sus derechos y los del pueblo guatemalteco con todos los recursos constitucionales disponibles.
