El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, defendió el proyecto de ley que plantea aumentar las dietas de la Autoridad Nacional de Descentralización y ampliar los fondos municipales. La iniciativa fue presentada durante su visita a Panamá Oeste.
El anteproyecto busca reformar la Ley 37 de 2009 para modificar la fórmula de solidaridad y elevar de $500,000 a $1,000,000 el mínimo que cada distrito debe recibir en concepto de impuesto de inmuebles. Según Herrera, la medida permitiría garantizar una distribución más equitativa de los recursos.
Además, se establece que las empresas privadas que ejecuten obras financiadas por el Estado deberán pagar tasas y tributos municipales en proporción a la inversión realizada en su jurisdicción.
El presidente Jorge Herrera dirige la sesión del Pleno Legislativo, para hoy 19 de agosto de 2025.@jherrerahd pic.twitter.com/PpID1M3vUN
— Asamblea Nacional (@asambleapa) August 19, 2025
Aumento en dietas y cambios en la Junta Directiva
Otro de los puntos centrales del proyecto es el incremento en las dietas de los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización. El monto por asistencia pasaría de $100 a $500.
La propuesta también amplía la integración de esta junta, incluyendo al contralor general de la República y dos representantes de la sociedad civil vinculados al desarrollo municipal.
Argumentos del presidente de la Asamblea
Herrera explicó que los costos actuales de materiales y mano de obra dificultan que los representantes de corregimientos administren proyectos con presupuestos reducidos. Señaló que las licitaciones públicas suelen encarecer los precios en comparación con los mercados locales, lo que impacta directamente en el desarrollo comunitario.
“Un representante no puede manejar solo 76,000 dólares cuando los costos suben y los materiales se encarecen. Hay que hacer un análisis profundo en esto”, dijo el diputado.
Contexto y cuestionamientos
Hasta ahora, las alcaldías recibían los fondos provenientes del impuesto de inmuebles, con autorización de destinar entre un 10 % y 25 % a gastos de funcionamiento, dependiendo de la categoría del municipio.
La reforma plantea fortalecer las arcas municipales y mejorar la inversión local. Sin embargo, sectores políticos y sociales han expresado dudas sobre el manejo de los recursos. En auditorías previas, la Contraloría detectó presuntos malos manejos de fondos en juntas comunales, lo que aumenta la desconfianza.
El debate ocurre en un contexto en el que el gobierno ha llamado a la austeridad y al uso responsable de los recursos públicos.
