La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) solicitó el martes al Gobierno de España que brinde protección humanitaria a siete periodistas nicaragüenses exiliados, quienes huyeron de su país debido a la persecución ejercida por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los comunicadores, actualmente radicados en Costa Rica, pidieron acogerse al mismo mecanismo de protección otorgado en 2023 a 222 nicaragüenses despojados de su nacionalidad por el régimen sandinista. La APM respalda su solicitud, argumentando que estos profesionales del periodismo son “desnacionalizados de facto”.
Los afectados denuncian que, aunque siguen siendo nicaragüenses de origen, no pueden ejercer esa ciudadanía. Según explican, el régimen confiscó o destruyó sus medios de comunicación, y posteriormente los eliminó del registro civil. “No nos extienden partidas de nacimiento, ni cédulas, ni pasaportes, y nos niegan el ingreso al país”, declararon en una nota enviada desde San José.
Los periodistas Carmen Lucía Navas, Tania Jeannette López Rodríguez, Óscar Enrique Navarrete, Gerall Isaac Chávez, Donaldo Eliezer Hernández, Luis Eduardo Martínez Membreño y Reyna María Tapia expusieron que viven en condiciones similares a quienes fueron oficialmente desnacionalizados por el gobierno nicaragüense.
La APM subrayó que los informadores cumplen una función esencial al documentar violaciones a los derechos humanos, casos de corrupción y la falta de libertades en Nicaragua, por lo que merecen respaldo y reconocimiento. Además, indicó que su inclusión en el plan español representaría un acto de justicia y un fuerte apoyo moral a su labor en el exilio.
La petición formal fue presentada el pasado 19 de mayo ante el cónsul de España en Costa Rica. La misiva está dirigida al Rey, al presidente del Gobierno español, a las vicepresidentas del Ejecutivo, al ministro de Asuntos Exteriores y al presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso.
La APM recordó también que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) han llamado a la comunidad internacional a reforzar su respaldo a quienes han sido obligados a abandonar su país o se les ha despojado de su nacionalidad por motivos políticos.
