La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) anunció que ha suspendido sus proyectos financiados con fondos internacionales debido a la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros, normativa que la gremial califica como arbitraria, asfixiante e ilegal. La medida incluye el cierre temporal de sus oficinas y ha generado preocupación en la región por el impacto en la libertad de prensa y el derecho a la organización.
La decisión de APES fue oficializada este 16 de septiembre mediante un comunicado público, en el que la organización expresó que no podrá continuar ejecutando proyectos de cooperación internacional bajo las condiciones impuestas por la ley. Según la gremial, estas restricciones hacen inviable su labor y ponen en riesgo el acompañamiento a periodistas en contextos de violencia y censura. El gobierno sostiene que este gravamen aplica para entes que se “dediquen a hacer política” con donaciones extranjeras.
La Ley de Agentes Extranjeros obliga a toda persona u organización que reciba fondos del exterior a inscribirse en un registro oficial, además de imponer un impuesto del 30 % a cada transacción financiera proveniente del extranjero. APES advierte que esta carga tributaria, sumada al 10 % ya existente sobre donaciones, se convierte en una “confiscación de facto” que limita gravemente la cooperación.
El marco legal también prohíbe a los denominados “agentes extranjeros” realizar actividades con fines políticos o aquellas que puedan considerarse como una amenaza al orden público o la estabilidad del país. Para APES, este tipo de cláusulas son amplias y discrecionales, lo que abre la puerta a interpretaciones arbitrarias por parte del gobierno.
La asociación recordó que en los últimos seis años ha habido un uso recurrente de la figura de reserva de información pública, lo que ha restringido el acceso ciudadano a datos sobre contratos y gastos estatales. Según APES, la nueva normativa se presenta bajo el discurso de la transparencia, pero en la práctica reduce aún más los espacios de fiscalización social.
A pesar de haber cerrado proyectos y oficinas, APES reiteró que continuará prestando servicios de registro y denuncia de agresiones contra periodistas en El Salvador. Además, aseguró que mantendrá su compromiso con la defensa de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la organización, aun frente al endurecimiento de las condiciones legales para la sociedad civil.
Finalmente, la gremial hizo un llamado a la solidaridad nacional e internacional, subrayando que la misión de la asociación seguirá siendo respaldar a periodistas salvadoreños en su labor de informar en contextos adversos y complejos.
