La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por diputados fieles al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó este martes la creación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), un nuevo “superministerio” que concentra y subordina funciones clave del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.
La nueva normativa, bautizada como Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, otorga al procurador —adscrito directamente a la Presidencia— la capacidad de nombrar y remover al fiscal nacional, controlar las acusaciones penales y dirigir la representación legal del Estado.
Con ello, la dictadura se asegura el control absoluto sobre procesos judiciales, investigaciones y persecución penal, según denuncian juristas y organismos de derechos humanos.
Ministerio Público subordinado
Aunque la Ley mantiene la figura del Ministerio Público, lo convierte en una dependencia de la PGJ. El artículo 2 establece que ejercerá la función acusatoria “en representación de la sociedad y de las víctimas de delitos”, pero siempre bajo autorización previa del procurador.
“Es la Presidencia la que acusa y no un ente autónomo, lo que destruye la imparcialidad de la justicia”, advirtieron especialistas consultados por medios independientes.
El procurador, con rango ministerial, tendrá además la potestad de remover al fiscal nacional y a los fiscales departamentales “cuando lo estime conveniente”.
La figura del fiscal general, que antes tenía autonomía constitucional, queda reducida a una oficina subordinada y dependiente de la voluntad presidencial.
Concentración de poder
El artículo 3 amplía aún más las funciones de la PGJ, que ahora podrá emitir dictámenes, asesorar a instituciones estatales y municipales, fiscalizar junto con la Contraloría los recursos públicos y hasta acusar a funcionarios por corrupción.
Para críticos, se trata de un aparato político-legal al servicio de Ortega y Murillo, capaz de neutralizar a opositores y reforzar la maquinaria represiva.
La ley entrará en vigor una vez publicada en el diario oficial La Gaceta, pese a que la reforma constitucional que la sustenta todavía no ha sido ratificada en segunda legislatura, como exige el propio texto constitucional.
Para la oposición en el exilio y expertos internacionales, esto evidencia un patrón de arbitrariedad y manipulación legal característico de la dictadura sandinista.
Tanto la Fiscalía como la Corte Suprema de Justicia, ahora subordinados a la Dictadura matrimonial Ortega-Murillo, funcionaban como oficinas de persecución y castigo a la oposición y disidencia nicaragüense desde abril de 2018.
“Un golpe mortal a la justicia”
Organismos de derechos humanos señalaron que la aprobación de la PGJ representa un “golpe mortal” a la independencia judicial en Nicaragua, ya debilitada tras años de purgas contra jueces y fiscales considerados no alineados con el régimen.
“El superministerio de justicia no es más que una herramienta para criminalizar la disidencia, encubrir la corrupción y asegurar la impunidad de la familia Ortega-Murillo y su círculo cercano”, señaló la ONG Human Rights Collective en un comunicado.
La medida se suma a la larga lista de reformas impulsadas por el oficialismo en los últimos años para consolidar un Estado policial, en el que las funciones judiciales, legislativas y de control fiscal terminan subordinadas a la Presidencia.
