En una sesión calificada de histórica, la Asamblea Legislativa de Costa Rica rechazó este lunes levantar la inmunidad penal al presidente Rodrigo Chaves, al no lograr los 38 votos que se necesitaban para despojarlo de su inmunidad.
Con esa acción, Chaves sale librado de un proceso que enfrentaba a solicitud de la Fiscalía General por el delito de concusión en el caso conocido como BCIE-Cariñitos.
La votación final cerró con 34 diputados a favor de retirarle el fuero y 21 en contra, sin alcanzar los 38 votos necesarios que exige la Constitución Política para desaforar a un mandatario en ejercicio.
Con este resultado, Chaves conservará su protección de improcedibilidad penal y seguirá al frente del Ejecutivo sin enfrentar, por ahora, el proceso judicial que impulsa la Fiscalía.
Un proceso inédito
Desde 1949, nunca antes un presidente en funciones había sido sometido a un trámite de desafuero en el Congreso costarricense.
El debate inició a las 2:00 p.m. con la defensa de los informes de mayoría y minoría de la comisión legislativa encargada del caso. Posteriormente, las fracciones discutieron durante horas en un debate reglado que culminó al filo de las 7:00 p.m. con la votación nominal.
La sesión transcurrió bajo fuertes tensiones políticas. Varios legisladores denunciaron haber sido objeto de presiones durante el fin de semana previo, mientras la bancada oficialista y diputados afines cerraban filas en defensa de Chaves.
El propio presidente, en un discurso anterior, había llamado “filibusteros” a los congresistas que apoyaban su desafuero, aunque decidió no presentarse al plenario a rendir cuentas.
El trasfondo del caso
La acusación de la Fiscalía vincula a Chaves con presuntas irregularidades en el uso de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en lo que se ha denominado el caso “Cariñitos”.
Según el Ministerio Público, dichos recursos se habrían utilizado de forma indebida para beneficio político, configurando un posible delito de concusión.
Chaves, de 64 años, economista y expresidente del Banco Mundial en Indonesia, ha negado de manera categórica los señalamientos, que califica como un montaje destinado a debilitarlo políticamente.
Lo que sigue
Tras la votación, la causa contra el mandatario queda suspendida mientras dure su mandato, que finaliza en mayo de 2026. La Fiscalía General no podrá presentar cargos formales hasta entonces, salvo que se produzca un cambio en la correlación legislativa que permita reabrir el proceso de desafuero.
El desenlace fortalece a Chaves en el corto plazo, pues le permite continuar gobernando con inmunidad, pero también abre un precedente jurídico y político que podría marcar el resto de su gestión.
Para la oposición, el rechazo del Congreso representa un golpe a la transparencia institucional y prolonga la incertidumbre sobre un caso que toca de cerca la relación entre política y financiamiento público.