La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este martes, en segundo y definitivo debate, una ley que permitirá la jubilación anticipada a los agentes penitenciarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), desafiando abiertamente las amenazas de veto del presidente Rodrigo Chaves Robles, quien había advertido que bloquearía la iniciativa.
Con el respaldo de 40 diputados, el Congreso dio luz verde a un proyecto que permitirá a los funcionarios de la Sección de Cárceles del OIJ acogerse a la pensión a partir de los 55 años, siempre que cumplan con requisitos relacionados al tiempo de servicio y permiso de portación de armas.
La ley, originalmente presentada en 2021, establece una fórmula de cálculo basada en el salario promedio de los últimos 120 meses laborados.
El presidente Chaves había amenazado con vetar la propuesta desde inicios de abril, pero los legisladores de oposición aseguraron contar con los votos necesarios para aplicar el mecanismo constitucional del “resello”, que permite revocar un veto presidencial con una mayoría calificada de al menos 38 votos.
La legisladora Sofía Guillén expresó con firmeza que “aunque veten el proyecto, hay 40 diputados que votaron a favor… lo vamos a volver a hacer”.
La aprobación se produce en un clima político marcado por tensiones crecientes entre el Poder Ejecutivo y los otros poderes del Estado.
Desde su llegada al poder en mayo de 2022, Chaves ha mantenido una relación confrontativa con el Congreso, el Poder Judicial y la prensa, denunciando públicamente decisiones legislativas y vetando proyectos clave que luego han sido reinstaurados mediante resello.
Solo en los últimos tres años, cuatro leyes vetadas por su administración han sido restablecidas por la Asamblea Legislativa, evidenciando un desgaste institucional y un estilo de gobierno cada vez más polarizante.
Analistas señalan que este nuevo pulso político refuerza las señales de aislamiento del presidente Chaves, en medio de un contexto donde ha concentrado su poder en el discurso público y redes sociales, mientras enfrenta cuestionamientos por sus ataques a la prensa, a entidades judiciales y su cercanía con figuras polémicas del sector privado.
La reforma aprobada representa un reconocimiento al desgaste físico y psicológico que enfrentan los agentes del sistema penitenciario, en un país que, si bien no enfrenta niveles de violencia carcelaria como otras naciones del continente, sí experimenta una creciente presión sobre su sistema de justicia en medio de la ola de inseguridad que afecta a la región.
