La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 46ª prórroga del régimen de excepción en El Salvador, que iniciará el 1 de enero y concluirá el 30 de enero de 2026. La medida obtuvo 57 votos a favor.
La votación fue nominal y pública. El oficialismo y sus aliados respaldaron la extensión. La diputada Claudia Ortiz votó en contra. Los diputados del derechista Arena no estuvieron presentes.
Con esta decisión, el país suma 46 meses consecutivos bajo régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022.
Argumentos del presidente de la Asamblea
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, defendió la prórroga. Señaló que quienes no vivieron el terror de las pandillas no comprenden su relevancia.
Castro recordó los hechos de marzo de 2022, cuando se convocó una plenaria extraordinaria. Indicó que ese fin de semana registró decenas de homicidios atribuidos a pandillas.
Afirmó que la medida está prevista en la Constitución. Además, sostuvo que el régimen ha permitido salvar vidas y evitar negociaciones con estructuras criminales.
Hemos aprobado una nueva prórroga del régimen de excepción.
Cada voto a favor es una familia que no deberá sufrir el dolor de perder a un ser querido, es un padre que no vive el temor de perder a su hijo a manos de la violencia.
Siempre daremos nuestros votos para un El… pic.twitter.com/xPuca4fozq
— Ernesto Castro (@ECastroES) December 23, 2025
Posturas de Nuevas Ideas durante el debate
El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, afirmó que la Asamblea tiene la responsabilidad de legislar a favor de la población. Señaló una transformación en seguridad desde 2022.
Navarro aseguró que la extensión del régimen de excepción busca evitar la reorganización criminal. Añadió que quienes se beneficiaban de extorsiones se oponen a la medida.
Por su parte, la diputada Sharon Salazar, también de Nuevas Ideas, dijo que votó para mantener la paz. Indicó que la estabilidad beneficia a las familias y al sector turístico.
Alcances del régimen de excepción
Según datos oficiales, bajo el régimen de excepción las autoridades han capturado a 90,600 personas vinculadas a pandillas desde su implementación.
La medida mantiene suspendidas 3 garantías constitucionales. Estas se relacionan con el derecho de defensa, el plazo máximo de detención administrativa y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.
La prórroga, que se ha vuelto un trámite administrativo, fue solicitada por el gobierno de Nayib Bukele.
