La Asamblea Nacional de Panamá comenzó el análisis de una propuesta legislativa que busca reducir la edad de imputabilidad penal a 12 años y endurecer las penas para adolescentes involucrados en delitos graves. La iniciativa fue presentada por el diputado José Antonio Pérez Barboni, del partido Movimiento Otro Camino (MOCA), el pasado 5 de enero de 2026.
El proyecto de reforma a la Ley 40 de 1999 surge en un contexto de creciente preocupación por el uso de menores por parte del crimen organizado en actividades delictivas como homicidios, sicariato y narcotráfico.
Según Pérez Barboni, el sistema actual otorga beneficios excesivos a adolescentes, incluso en casos de alto impacto, lo que se ha convertido en una “herramienta de impunidad” que permite a las pandillas reclutar menores para evadir la justicia.
“Es una burla para las víctimas que un menor asesino reciba medidas como firma periódica o impedimento de salida del país. Quien actúa como adulto, debe responder como adulto”, declaró el legislador ante el pleno.
En su intervención, explicó que la propuesta busca eliminar beneficios legales y endurecer las medidas contra adolescentes de entre 12 y 18 años involucrados en delitos atroces.
El anteproyecto también propone endurecer las penas por corrupción de menores y responsabilizar a los líderes criminales que reclutan jóvenes para actividades ilícitas. Entre los delitos a los que se aplicarían las sanciones más severas están el homicidio, la violación, el sicariato, el pandillerismo y otros crímenes de alto impacto.
Para respaldar la urgencia del proyecto, Pérez Barboni citó cifras del Ministerio Público que registraron en 2025 más de 1,100 denuncias contra menores solo en la provincia de Panamá. Agregó que, aunque la propuesta puede generar controversia y tensiones con tratados internacionales sobre derechos de la niñez, el Estado debe priorizar los derechos de las víctimas y la seguridad ciudadana.
“Esto implica riesgos políticos y personales, pero es necesario cortar el uso de menores como escudo del crimen”, señaló.
Respaldo policial
La propuesta recibió respaldo inmediato por parte de la Policía Nacional. El director general, Jaime Fernández, afirmó: “Hemos visto con muy buenos ojos la propuesta del diputado Pérez Barboni sobre el cambio de la normativa de edad. Eso nos permitirá mitigar el problema del uso de menores por grupos criminales”.
Fernández sostuvo que las pandillas aprovechan la protección legal que tienen los menores.
“Si necesitan un homicida, buscan a un menor para que no pueda ir preso; si quieren mover drogas, utilizan a menores, sean hombres o mujeres”, advirtió el jefe policial.
Agregó que, actualmente, operan unas 180 pandillas en el país que se benefician del margen legal que otorga medidas flexibles a menores de 14 años.
El anteproyecto de ley inicia ahora su camino legislativo mientras el país se sumerge en un nuevo debate sobre cómo equilibrar la protección de derechos de los adolescentes con la necesidad de responder de manera firme al avance del crimen organizado.
