Asamblea de El Salvador aprueba Ley de Agentes Extranjeros con impuesto del 30 % y control sobre ONG financiadas desde el exterior

En un trámite exprés, los diputados oficialistas y sus aliados, que hacen una supermayoría en el legislativo, aprobaron la polémica ley, a petición del presidente Nayib Bukele.

Diputados salvadoreños aprueban la Ley de Agentes Extranjeros, que permite un 30 % de impuesto sobre fondos provenientes del exterior.

Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes, con dispensa de trámites, la Ley de Agentes Extranjeros, una normativa que impone un nuevo impuesto del 30 % sobre fondos y donaciones provenientes del extranjero y que obliga a toda persona o entidad que reciba este tipo de financiamiento a inscribirse en un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) bajo control del Ministerio de Gobernación.

La medida aplicará a personas naturales o jurídicas —nacionales o extranjeras— que desarrollen actividades en El Salvador con respaldo o interés de un “mandante extranjero”, como gobiernos, partidos o corporaciones internacionales. Las entidades afectadas tendrán 90 días para registrarse en el RAEX o quedarán impedidas de recibir fondos y operar legalmente. Las sanciones por incumplimiento alcanzan hasta los $250,000.

El impuesto será retenido automáticamente por bancos y entidades financieras en cada transferencia o entrega en especie. Las actividades consideradas como “intervención política” o que, según el texto, afecten el orden público, serán objeto de penalización adicional.

Posturas encontradas

Desde el oficialismo, se defendió la ley como una medida para “evitar injerencias encubiertas” y “promover la transparencia” en organizaciones que operan con fondos externos. La diputada Suecy Callejas (Nuevas Ideas) afirmó que la normativa fortalece la soberanía y evita que intereses extranjeros influyan en el desarrollo nacional.

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz (Vamos) calificó la ley como una herramienta de “control autoritario sobre la sociedad civil”, advirtiendo que restringe derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación. Ortiz también criticó la discrecionalidad del RAEX al definir quién queda exento del impuesto o del registro, y señaló el riesgo de que las sanciones se apliquen de manera selectiva contra organizaciones críticas del gobierno.

El contexto inmediato de esta aprobación fue una protesta en la cooperativa El Bosque por un desalojo judicial. El presidente Nayib Bukele anunció que el nuevo impuesto permitiría resolver casos como este “de una vez por todas”, cubriendo compensaciones para más de 300 familias afectadas.

Comparaciones internacionales

El oficialismo justificó la legislación señalando precedentes en países como Australia, Alemania, Francia y Corea del Sur. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores de oposición alertan sobre un retroceso democrático en El Salvador, con una ley que acentúa la vigilancia gubernamental sobre el financiamiento externo y el trabajo de las ONG.

La entrada en vigencia de esta legislación marca un cambio profundo en el marco legal para la cooperación internacional, el trabajo de la sociedad civil y las relaciones entre actores no estatales y el Estado salvadoreño.

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