La Presidencia de la Asamblea Legislativa de Costa Rica ordenó archivar la denuncia por presunto hostigamiento sexual presentada contra el exdiputado y excandidato presidencial, Fabricio Alvarado Muñoz, al concluir que el Congreso ya no tiene competencia legal para sancionarlo tras finalizar su periodo legislativo.
La resolución fue emitida el jueves por el Directorio Legislativo y establece que, al concluir el periodo constitucional 2022-2026, Alvarado dejó de ser diputado, condición que el reglamento interno considera indispensable para continuar un proceso disciplinario.
“La condición de diputado o diputada no es un elemento meramente accidental, sino un presupuesto jurídico esencial para la procedencia del procedimiento y la imposición de la sanción”, señala el documento oficial.
La decisión se basó en criterios emitidos por la Gerencia de Asesoría Jurídica y el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, que advirtieron que el reglamento actual no contempla sanciones contra personas que ya no ocupan una curul.
La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, reconoció que el caso le genera rechazo a nivel personal, pero afirmó que la legalidad impedía someter el expediente a votación.
“A mí en lo personal, me ha generado una serie de sentimientos negativos que a todas luces repudio, rechazo y en mi fuero interno es mi deseo poder haber votado este caso; sin embargo, la legalidad prima”, declaró Jiménez.
Según la legisladora, proceder con una votación podría incluso derivar en delitos como prevaricato o incumplimiento de deberes, debido a que se emitiría una resolución fuera del marco legal vigente.
La resolución también enfatiza que aplicar sanciones en estas condiciones implicaría una “interpretación extensiva” de las potestades del Congreso, lo que contravendría principios constitucionales de legalidad y tipicidad.
La Presidencia de la Asamblea aclaró que el archivo del expediente no representa un pronunciamiento sobre la veracidad de las acusaciones ni sobre la culpabilidad del exlegislador. Además, recordó que el caso continúa en la vía penal ante el Juzgado Penal de Desamparados, donde existen medidas cautelares activas.
Críticas opositoras
El diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, criticó duramente la decisión y aseguró que detrás del archivo existe una motivación política.
“Yo no voy a seguir con la argumentación jurídica porque aquí lo que hay es una decisión política, pueblo de Costa Rica”, afirmó el legislador durante la sesión parlamentaria.
Araya acusó a la bancada oficialista de favorecer a Fabricio Alvarado por supuestos acuerdos políticos relacionados con el presidente Rodrigo Chaves.
La denuncia fue presentada por la exdiputada y exasesora legislativa Marulin Azofeifa, quien hizo públicas las acusaciones a finales de enero mediante un video difundido en redes sociales.
“Acercamientos impropios y sin permiso, comentarios y comportamientos que cruzaron la línea del respeto a una mujer”, denunció Azofeifa sobre hechos que, según dijo, ocurrieron entre 2018 y 2025.
Posteriormente, la exlegisladora interpuso una denuncia penal y aseguró que decidió hablar públicamente para evitar que otras mujeres fueran víctimas de situaciones similares.
“No quiero que Fabricio Alvarado siga agrediendo a más mujeres, hay que ponerle un límite al uso de la religión sobre el cuerpo de las mujeres”, expresó Azofeifa en conferencia de prensa.
La Presidencia del Congreso hizo un llamado a promover reformas al reglamento legislativo para evitar que futuros casos similares queden sin resolución debido a cambios de periodo constitucional.
