La Asamblea Legislativa de Costa Rica acordó en primer debate aumentar las penas y declarar como crimen organizado las actividades mineras ilegales. El expedientes es analizado como parte de los proyectos convocados en sesiones extraordinarias del pleno.
Los diputados aprobaron el expediente 23,952 sobre la minería ilegal en Crucitas para declarar esa actividad como crimen organizado. El aval alcanzó una votación unánime en la Asamblea, aunque se discutieron alternativas de mejora al texto final.
Otro de los cambios que contempla el proyecto es el aumento de penas pasando las condenas de 2 a 4 años y de 3 a 6 años, dependiendo la gravedad del delito ambiental por minería ilegal. Con esto, las autoridades buscan frenar la actividad minera ilegal en Crucitas y alrededores.
“Este proyecto permite sancionar y perseguir, investigar estas actividades como crimen organizado, qué es lo que son”, dijo el jefe de fracción de Frente Amplio, José María Villalta.
A segundo debate
Inicialmente, se tiene previsto que al cierre de esta semana se apruebe la iniciativa en segundo debate con los nuevos cambios acordados. “Viene un paso para hacerle algunos ajustes, pero vamos a avanzar para defender nuestras riquezas naturales y esos derechos de las comunidades a disfrutarlas”, añadió Villalta.
Los legisladores consideran que al aprobar estas reformas e iniciar su aplicación, podrán poner un freno a los crímenes medioambientales que ocurren en Crucitas y en el cerro Conchuditas por la explotación de oro por mineros artesanales que el gobierno considera forman parte de bandas criminales dedicadas a estas actividades.
Otros de los cambios que implica el proyecto es una reforma a la Ley de conservación de la vida silvestre con la que buscan eliminar el pago de sanciones económicas en actividades mineras de crimen organizada, dejando como única opción la prisión.
Además, se establecen penas de prisión de 1 a 3 años de prisión a quienes maten, destacen o comercialicen especies contempladas en la Ley de protección a las tortugas marinas y penas de 3 meses a 2 años para quienes vendan productos de las tortugas.
