Los ataques de la dictadura Ortega-Murillo a las iglesias evangélicas nicaragüenses han ido en aumento en los últimos dos años, según un informe de un grupo de defensa europeo dedicado a los derechos humanos.
Según un informe del Centro Europeo para la Ley y la Justicia (ECLJ), con sede en Estrasburgo, Francia, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2018 ha librado abiertamente la guerra a los cristianos.
“Es importante tener en cuenta que, además de la represión contra la Iglesia Católica en los últimos años, ahora hay una creciente represión dirigida a la iglesia evangélica y otras denominaciones religiosas”, declaró la ECLJ en el informe, “La persecución de los cristianos en Nicaragua 2018-2024“, publicado a principios de este mes.
“Aunque inicialmente estos no parecían estar en la mira del gobierno, ahora está claro que ahora son parte de la estrategia represiva de Ortega”, subraya el informe que cita más de 100 ataques contra iglesias evangélicas.
El ECLJ advierte que tales datos son aproximaciones, ya que algunos crímenes no se denuncian por miedo o esperanza de que la represión se detenga.
“Desafortunadamente, los ataques continúan ocurriendo con la misma intensidad”, declaró el informe. “El número de ataques en la primera mitad de 2024, ya equivalente al de todo 2018, subraya la creciente gravedad de estos actos”.
A pesar de los compromisos constitucionales e internacionales de Nicaragua para respetar los derechos básicos como la libertad de religión, Nicaragua persigue a los cristianos, afirma el informe.
“A esto se suma la violencia, la falta de debido proceso y un juicio justo, y la detención arbitraria”, declaró. “Por lo tanto, Nicaragua es culpable de crímenes contra la humanidad contra los cristianos, acusándolos de parecer críticos, contradictorios o no lo suficientemente leales al gobierno”.
Además, a centenares de iglesias protestantes, católicas y de otro tipo se les ha revocado su personería jurídica y se les han confiscado bienes y tienen prohibido trabajar como organizaciones benéficas.
“El gobierno nicaragüense busca monopolizar la gestión de la asistencia social y la cooperación internacional, tratando de transformar al estado en el único administrador de este tipo de organizaciones a través de instituciones estatales”, declaró el informe.
Entre los grupos evangélicos nacionales atacados estaba la Asociación Misión Cristiana Verbo Divino, cuyo estatus legal fue revocado el 19 de mayo de 2023. Durante casi tres décadas, gestionó 27 iglesias, así como varios proyectos humanitarios, incluido el orfanato Casa Bernabé.
El gobierno el 16 de enero de 2024 también disolvió varias organizaciones e iglesias de otras denominaciones cristianas, como la Asociación Misión Pentecostés Jehová Proveerá, la Asociación Misión Apostólica Evangelística y Profética, la Fundación Iglesia Familiar Nueva Restauración y la Asociación Misiones Transmundiales de Nicaragua.
A partir de diciembre de 2023, también se revocó el estatus legal de la Iglesia Puerta de la Montaña, la Asociación Ministerio Internacional Berea (Pentecostal) y la Asociación Ministerio Internacional Creciendo en Gracia, según el informe. Entre 169 organizaciones de la sociedad civil cuyo estatus legal fue revocado el 29 de agosto de 2024 se encontraba la Asociación de Misioneros de Nicaragua, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, y la Alianza Evangélica Nicaragüense.
“Estas cancelaciones se produjeron a pesar del hecho de que estas organizaciones, aunque muy activas socialmente y capaces de movilizar a un gran número de seguidores en manifestaciones religiosas, no habían emitido ninguna crítica directa al gobierno”, declaró el informe. “Su disolución ilustra el deseo del régimen de Ortega de controlar todas las formas de influencia social, incluida la de los grupos religiosos”.
Organizaciones evangélicas como Christian Aid y Compassion International, junto con asociaciones internacionales basadas en la fe como la Agencia Católica para el Desarrollo en el Extranjero (CAFOD) y Caritas International, también han perdido su estatus legal, “privando a los nicaragüenses de la ayuda humanitaria que proporcionaban”.
“Una parte significativa de estas organizaciones trabajó por la salud, la educación y la asistencia a los más vulnerables”, declaró el informe. “Su ausencia deja un vacío en la asistencia a los más indigentes”.
Mientras que el gobierno ha prohibido muchas manifestaciones católicas de fe, como las procesiones, la ONU El Grupo de Expertos en Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos sobre Nicaragua también ha señalado restricciones a las actividades públicas de otras denominaciones cristianas, especialmente desde 2022.
En septiembre de ese año, el Consejo Nacional de Pastores de Nicaragua en Nagarote, Departamento de León, emitió un comunicado informando a las iglesias evangélicas de la cancelación de las festividades del Día de la Biblia allí.
La policía del 24 de diciembre de 2022 impidió que una iglesia de las Asambleas de Dios en una zona rural celebrara la Navidad con un estudio bíblico seguido de juegos y una comida para un grupo de aproximadamente 20 niños, según el informe.
“Desde entonces, la policía ha prohibido a la iglesia celebrar cualquier actividad religiosa que involucre a niños”, declaró.
En marzo y julio de 2023, los funcionarios negaron el permiso a una segunda iglesia de las Asambleas de Dios en la Región Autónoma de la Costa del Caribe Sur para celebrar eventos religiosos especiales.
