Los legisladores sandinistas aprobaron este miércoles una reforma a la Constitución Política que supedita a la Policía Nacional al mandato directo del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega.
Con 91 votos a favor y ninguno en contra, los legisladores aprobaron la propuesta enviada con carácter de urgencia por la oficina de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
La reforma, en sus puntos más simples, elimina la naturaleza “profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante” de esa institución, y se ofrece cárcel a los “oficiales desertores y desobedientes”.
Las iniciativas, presentadas para ser aprobadas con carácter urgente por la Asamblea Nacional (Parlamento), donde los sandinistas tienen mayoría absoluta, proponían reformar el artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua, el cual establece el marco legal de las fuerzas de seguridad.
Además, subordina la Policía Nacional al Presidente de la República, en este caso al dictador Daniel Ortega.
La Asamblea Nacional aprueba la Ley de Reforma al artículo 97 de la Constitución Politica de Nicaragua la cual fortalecerá el rol de la Policía Nacional. pic.twitter.com/c55ES7CYKw
— Asamblea Nacional Nicaragua (@AsambleaNi) July 5, 2023
Actualmente la Policía Nacional, que dirige el primer comisionado Francisco Díaz, consuegro de Ortega y sancionado por violación de derechos humanos por Estados Unidos, se rige “en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia” y que “estará sometida a la autoridad civil que será ejercida por el presidente de la República a través del ministerio correspondiente”.
“La Policía Nacional depende de la autoridad ejercida por el presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo y en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia” señala la propuesta aprobada hoy.
El castigo a los desertores
También se aprobó la ley de regulación interna de la policía y se sustituyó la sanción administrativa que se aplicaba a los desertores por una sanción penal que establece hasta 3 años de cárcel a los policías que desobedezcan las órdenes superiores y abandonen sus cargos.
Los diputados reformaron la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, en la que incluye tres nuevos artículos para castigar a los oficiales desertores y desobedientes.
Sobre la deserción, se establece que “el personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión”.
En cuanto al incumplimiento de deberes, “el personal policial que sin causa justificada desobedezca las órdenes de sus superiores, en perjuicio de la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión”.
La propuesta surgió luego de que el abogado nicaragüense exiliado Yader Morazán revelara que la subcomisionada María de Jesús Guzmán Gutiérrez, jefa de bloque en el departamento de Matagalpa (norte), desertó de las filas policiales y se fue a Estados Unidos.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
