En un país donde la justicia suele avanzar a paso lento, la Asamblea Nacional de Panamá parece haber descubierto la fórmula para acelerar ciertos procesos… al menos los que resultan convenientes para figuras con historial en los tribunales. Con sólo 19 votos —sí, apenas 19—, el pleno legislativo podría aprobar una ley de amnistía que favorecería directamente a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, ambos envueltos en múltiples escándalos de corrupción.
Martinelli tendría una amnistía a la medida, que le ayudaría a librarse de una condena penal de casi 11 años por blanqueo de capitales y le solventaría el dilema de su asilo político concedido a medias por la dictadura de Nicaragua. El millonario exmandatario de 73 años sigue refugiado en la embajada nicaragüense en Panamá, donde ha permanecido más de un año.
El anteproyecto fue presentado el pasado 9 de abril por el diputado Jairo “Bolota” Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), bajo el argumento de que las investigaciones judiciales durante y después de la administración de Martinelli (2009-2014) respondieron a una persecución política.
La propuesta ha sido respaldada por una nutrida (y conveniente) mayoría de más de 40 diputados, incluyendo a miembros del PRD y del partido oficialista Realizando Metas (RM), fundado por el propio Martinelli. La ironía se escribe sola.
Panamá no puede avanzar con heridas abiertas y casos fabricados por conveniencias políticas. pic.twitter.com/rUHtxiDUhU
— Ricardo Martinelli (@rmartinelli) April 13, 2025
El documento legislativo, de apenas 4 páginas, incluye una “Exposición de Motivos” que intenta, en 7 párrafos, justificar los 6 artículos de la propuesta. El último artículo —curiosamente— está manuscrito, como si la prisa por blindar a los aludidos hubiese superado incluso el uso del procesador de textos. En ese mismo texto, se observa un claro intento de invadir atribuciones exclusivas del Órgano Judicial, una movida que no ha pasado desapercibida para los sectores críticos.
La lógica de la propuesta es simple: se otorga amnistía a los “perseguidos políticos”, una categoría bajo la cual convenientemente caben casos como el de New Business, donde Martinelli fue condenado por blanqueo de capitales; o los ampliamente conocidos escándalos de Odebrecht y Blue Apple, que salpican a exfuncionarios de alto perfil, incluyendo al expresidente Varela.
Pero más allá del contenido jurídico, el verdadero escándalo radica en la mecánica de la votación. Según el reglamento legislativo, para aprobar una ley ordinaria como esta sólo se necesita mayoría simple de los diputados presentes. Es decir, si en una sesión asisten los 36 diputados que constituyen quórum, bastan 19 votos para aprobar la medida. Una mayoría diminuta para una decisión de proporciones colosales.
Salazar ha defendido su iniciativa alegando que “en los últimos años se ha perseguido por delitos políticos” y que, casualmente, esa persecución parece tener un solo blanco. No mencionó nombres, pero el subtexto fue más que claro.
La reacción de sectores opositores y de la sociedad civil no se ha hecho esperar. Varios analistas han advertido que la ley contravendría al menos ocho artículos de la Constitución y representaría un golpe severo al principio de separación de poderes y al ya frágil sistema judicial del país.
Aún no hay fecha para el inicio del debate legislativo, pero todo apunta a que este será uno de los temas más controversiales del periodo.
Mientras tanto, en los pasillos del Palacio Justo Arosemena, algunos ya afilan lápices —y plumas— para escribir lo que podría ser otro capítulo insólito en la crónica política panameña: cómo liberar a expresidentes procesados con menos votos de los que se necesitan para elegir al abanderado de una comparsa.
Porque, al parecer, en la Asamblea Nacional, la justicia también puede ser cuestión de simple aritmética… legislativa.
