El acuerdo de seguridad firmado entre Panamá y Estados Unidos no es un tratado, no es legalmente vinculante y no autoriza la instalación de bases militares estadounidenses en territorio panameño, aclaró la embajada de los Estados Unidos en el país centroamericano en un comunicado difundido el miércoles.
Según la embajada, el memorándum firmado el 9 de abril pasado durante la visita del Secretario de Defensa norteamericano, Peter Hegseth, representa un acuerdo de cooperación mutua entre dos países soberanos —Panamá y Estados Unidos— para fortalecer acciones conjuntas ante amenazas regionales, sin contradecir la Constitución panameña ni tratados internacionales como el Tratado de Neutralidad.
El acuerdo ha generado cuestionamientos políticos y protestas de universitarios en la capital panameña contra el gobierno de José Raúl Mulino.
Estados Unidos fue enfático en aclarar que el acuerdo no es un tratado ni tiene carácter legalmente vinculante, y puede ser finalizado por cualquiera de las partes con un aviso previo de seis meses. Además, no autoriza bases militares en Panamá, ni temporales ni permanentes, ni permite la presencia automática de personal estadounidense, el cual deberá ser aprobado de forma rotativa por el Gobierno panameño.
El memorando establece que las actividades se desarrollarán únicamente en tres instalaciones existentes: el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico/SENAN, la estación naval Vasco Núñez de Balboa y la estación aeronaval Cristóbal Colón. Estas serán de uso conjunto y exclusivamente bajo consentimiento panameño.
Entre las acciones previstas están entrenamientos, operaciones contra el narcotráfico, respuesta humanitaria, almacenamiento de equipo y mejoras de infraestructura. Todas las actividades deben contar con la aprobación de ambos gobiernos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá también divulgó el documento íntegro al día siguiente de la firma, subrayando que el memorándum no vulnera la soberanía nacional. De hecho, en su punto 1, se establece que todo se hará “con pleno respeto por la soberanía y las leyes de la República de Panamá, y en estrecha coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública”.
Además, el punto 2 refuerza que las instalaciones utilizadas seguirán siendo propiedad del Estado panameño: “Todas las instalaciones de seguridad ubicadas dentro del territorio de la República de Panamá […] siguen siendo instalaciones panameñas”, reza el texto.
El gobierno panameño recalcó que no se instalarán bases militares y que la presencia del personal estadounidense será temporal y solo para actividades conjuntas autorizadas. Toda infraestructura no reubicable que se construya quedará en manos del Estado panameño, según el punto 8 del memorándum.
Estados Unidos ha destinado más de $230 millones en los últimos cinco años para apoyar a Panamá en labores de seguridad y lucha contra el crimen organizado, consolidando su papel como un socio estratégico regional.
