Este 13 de julio la Corte Internacional de Justicia (CIJ), emitirá su sentencia sobre la demanda de Nicaragua a Colombia por la extensión de plataforma continental en el mar Caribe.
La demanda se interpuso en 2013 por Nicaragua, que reclamó al tribunal con sede en La Haya, Holanda, delimitar su plataforma continental en el mar Caribe, en una zona que reclama como la prolongación submarina de su territorio.
¿Qué alega Managua?
Managua alega que tiene derechos sobre el lecho y subsuelo marino más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el derecho internacional, tras el fallo de la CIJ en 2012 que reafirmó la soberanía colombiana sobre las islas San Andrés y Providencia, situadas a unos 110 kilómetros de la costa nicaragüense.
La Haya, al mismo tiempo, otorgó a Managua una mayor extensión de sus zonas marítimas.
La demanda de Nicaragua, según Colombia, supone solapar su territorio con la plataforma continental de Colombia por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
¿Qué debe zanjar La Haya?
La corte de La Haya deberá zanjar por un lado si existen criterios en el derecho internacional consuetudinario (normas jurídicas no escritas, pero basadas en las costumbres) que determinen el límite de la plataforma continental más allá de las 200 millas.
Y, por otro lado, deberá aclarar si el derecho de un Estado a una plataforma continental extendida puede solaparse al espacio de 200 millas náuticas de otro Estado.
Nicaragua defiende que tanto el derecho consuetudinario como el artículo 76 de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar ofrecen una cobertura legal a su demanda.
Sin embargo, Colombia, que no ha ratificado dicha convención, argumenta que Managua “no demostró científicamente que tiene una plataforma continental” que se extiende más allá de 200 millas.
En el centro del reclamo está el potencial pesquero del área y la posible exploración y explotación de petróleo y gas.
Origen y cronología del conflicto
El litigio se remonta a 1928, cuando ambos países firmaron un tratado que reconocía la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés.
La CIJ fue creada en 1946 para resolver disputas entre Estados.
Managua desconoció en 1980 la validez del acuerdo alegando que el país estaba bajo intervención militar de Estados Unidos.
Después presentó una primera demanda ante la CIJ en 2001, resuelta en 2012 cuando el tribunal le otorgó un área de aproximadamente 75,000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe, pero ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago.
El fallo dejó a esas islas colombianas rodeadas de aguas territoriales nicaragüenses, una situación que derivó en otra disputa por la presencia de navíos colombianos en la zona.
A raíz del dictamen de 2012, el gobierno colombiano se retiró del Pacto de Bogotá, un instrumento que reconoce la jurisdicción de la CIJ para este tipo de controversias.
En 2013, Nicaragua presentó otra demanda ante la CIJ para exigir a Colombia que se abstuviera de violar los espacios marítimos.
Colombia contrademandó a su vez a Managua por afectar la vida de la población raizal que vive de la pesca artesanal en estos territorios.
¿Qué debe decidir la CIJ?
La corte dictaminó en abril de 2022 que Colombia había violado «los derechos soberanos y jurisdiccionales» de Nicaragua.
Ahora el tribunal anunciará si acepta o rechaza la demanda de Nicaragua.
Los países están obligados a aceptar e implementar las sentencias, que son definitivas y no pueden ser objeto de apelaciones.
