A un año del cruel destierro de 222 hombres y mujeres víctima de secuestro político por la dictadura de Nicaragua, las condiciones de los despatriados siguen siendo difíciles en su exilio forzado, mientras las cosas empeoran en materia de derechos humanos y libertades públicas en el asolado país centroamericano.
La madrugada del 9 de febrero de 2023 se concretó una operación humanitaria secreta de Estados Unidos, respondiendo a los planes de expulsión que la dictadura de la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo había planificado para deshacerse cruelmente de los reos políticos.
Aquel amanecer, la dictadura Ortega-Murillo cometió el primero de una serie de delitos contra cientos de nicaragüenses, considerados crímenes de lesa humanidad según los Estatutos de Roma de la Corte Penal Internacional: la desnacionalización y el destierro por razones de odio.
Días después de aquella fecha, el 15 de febrero, la dictadura reincidió en sus crímenes de lesa humanidad al desnacionalizar a 94 personas más, la mayoría de ellos en el exilio, a quienes además le robaron sus propiedades y borraron sus registros civiles y legales, condenando como apátridas en menos de una semana a más de 300 nicaragüenses.
¿Qué ha pasado desde entonces?
Un foro denominado “Resistir para seguir defendiendo los derechos humanos; Reflexiones a un año del exilio forzado y despojo de la nacionalidad nicaragüense”, realizado por el Instituto de Raza e Igualdad en el marco del primer aniversario de aquel hecho histórico y brutal del régimen sandinista, develó que las condiciones de la mayoría de los desterrados y desnacionalizados, siguen siendo difíciles en el exilio.
🇳🇮🗣️@JuanLHolmannCh: "Nos tienen separados de nuestras familias, de nuestros seres queridos, de nuestro lugar donde nacimos, crecimos y trabajamos por mejorar, y adonde queremos regresar pronto… pero no se nos pudieron robar ni la dignidad, ni la voluntad de seguir adelante" pic.twitter.com/P6JT5aDW3o
— Race and Equality (@raceandequality) February 8, 2024
Algunos testimonios de las víctimas de la rabia sandinista, presentados en el foro, develan el sufrimiento, angustias, daños emocionales, desafíos para retomar la vida fuera de su patria y otra serie de males experimentados por los exiliados, que exponen en su máxima crudeza la gravedad de la violación de derechos humanos en Nicaragua.
Uno de los desterrados aquella madrugada fue Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general de La Prensa.
Estuvo 545 días secuestrado por la dictadura sandinista en el centro de torturas El Chipote, acusado de traición a la patria y otros delitos y fue sentenciado a 9 años de prisión.
No se esperaba el dolor del destierro
“Cuando me dijeron que iba desterrado a Estados Unidos yo dije ‘qué bien’, tengo familia allá, hablo el idioma y conozco el país… qué lejos estaba de la realidad. Lidiar con las emociones es terrible, saber que perdiste todo y dejaste tu vida allá”, expresó.
🇳🇮🗣️@HaydeeCastilloF: "Es a nosotros a quienes nos toca delinear este presente y el futuro, y esto solo será posible dejando a un lado lo que nos desune. Debemos tomarnos de la mano solo por el hecho de ser nicaragüenses y por el anhelo de libertad… ¡Amanecerá en Nicaragua!" pic.twitter.com/YmKQnIXTha
— Race and Equality (@raceandequality) February 8, 2024
“No sé qué es más difícil o doloroso, si la privación de libertad, el secuestro o el destierro, acompañado de la apatridia a la que nos lanzó la dictadura. Muchos de nosotros no existimos ni aquí ni allá… nos robaron todo”, resaltó Holmann, quien rechaza reconocerse como “expreso político”: “soy exsecuestrado político”.
En el foro, moderado por Marcelo Azambuja, oficial del Programa Legal de Raza e Igualdad, participó Samantha Jirón, la más joven de las presas de conciencia de los viejos dictadores Ortega (78 años) y Murillo (72 años).
Jirón, una líder estudiantil surgida en las protestas de 2018,estuvo secuestrada en la cárcel de mujeres durante un año y tres meses, tras ser capturadas por esbirros policiales en noviembre de 2021.
Una vida destruida a los 23 años
Tras largas jornadas de tortura y violencia, fue condenada a 8 años de cárcel en marzo de 2022.
Con la voz entrecortada y casi al borde del llanto al recordar aquellos momentos, Jirón dijo que estuvo 7 meses aislada en prisión antes de ser desterrada y desnacionalizada a Estados Unidos.
Con 24 años hoy cumplidos, fue la prisionera más joven de los 22 desterrados a sus 21 años y la primera en recibir la nacionalidad española tras su brutal destierro.
“Yo siempre imaginé mi vida en Nicaragua, no pensé nunca verme forzada por el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo a trasladarme de mi país”, dijo Samantha.
“Las opciones eran volver a la cárcel o estar acá, por eso decidí subir al avión y sin pensarlo en ese momento, mi vida y mi existencia cambió, no lo pedí, no lo busqué, no lo deseé”, expresó Samantha, quien sufrió la muerte de su padre mientras sufría el exilio.
Aunque ahora habita en Estados Unidos, valora rehacer su vida en España y mantener activa su lucha por los derechos humanos en Nicaragua.
Le robaron toda su vida
“Las violaciones de los derechos humanos, la persecución de la Iglesia y el deterioro total del sistema estatal. Por Michael(Healy), por Hugo (Torres), por Eddy Montes, por las más de 355 personas asesinadas por el régimen, y por los más de 100 presos políticos que continúan en los calabozos del régimen”, prometió.
El régimen anuló sus registros académicos de la universidad y sus registros civiles, por lo cual ahora ha iniciado de cero sus estudios y ha empezado a tramitar su identidad lejos de su país y en condiciones adversas.
“No sólo me arrebataron a mi familia, mi hogar, mi carrera universitaria, sino que en un acto de venganza y perversidad sin fin me despojaron de mi nacionalidad, fue ese día que me enviaron en ese vuelo”, resaltó Jirón.
En el foro también participó el líder campesino Medardo Mairena, quien antes de ser desterrado había sido condenado en 2 ocasiones por la dictadura: a 216 años en el año 2018 y a 13 años de cárcel en 2022.
Líder del movimiento campesino, Mairena inició sus protestas desde 2013 cuando el dictador Ortega vendió el territorio nacional al empresario chino Wang Jing, para la fallida construcción de un canal interoceánico que nunca se concretó.
En este primer aniversario del #VueloDeLaLibertad, honramos la fuerza de aquellos que, aunque desterrados, nunca han sido quebrantados. Su espíritu indomable ilumina el camino hacia una Nicaragua libre. 💪 pic.twitter.com/ynPQ5N5MGI
— AUN (@AUNNicaragua) February 9, 2024
Fue detenido 2 veces, torturado y condenado hasta su expulsión aquella madrugada del 9 de febrero y desde entonces ha sobrevivido en medio de las dificultades de adaptación a la cultura de Estados Unidos, a la falta de estudios y dominio del inglés y las tecnologías.
Ha trabajado de todo y ha sufrido frío, hambre y enfermedades por el clima, pero sigue empeñado en mantener su vida política y sostener sus denuncias contar las barbaries de la dictadura Ortega-Murillo.
¿Dónde están los demás?
Según Holmann, de los más de 300 desterrados y desnacionalizados, 150 personas han metido su solicitud de casos de asilo en Estados Unidos.
Otros 25 siguen en ese proceso, pero ninguno de los desterrados y desnacionalizados hace un año ha logrado recibir el estatus de asilado; incluso, ninguno ha logrado tener entrevista para defender sus respectivos casos ante las autoridades migratorias.
Otros 35 despatriados que aplicaron al “generoso ofrecimiento de España” retiraron sus solicitudes y aplicaron a otros procesos en Estados Unidos.
Sin embargo, según el reporte de Holmann, decenas de desterrados y desnacionalizados viven en estado de vulnerabilidad en su exilio en Estados Unidos y otros países, ya sea por falta de estudios, por edad avanzada, por enfermedades generadas por el estrés postraumático de la cárcel y las torturas y la mayoría por falta de documentos y títulos que les impiden a acceder a oportunidades de estudios o trabajos.
Más desterrados de facto por la dictadura
En el foro participaron varios diplomáticos, funcionarios de Estados Unidos y España y expertos en derecho internacional: Sebastián Kraljavich, embajador de Chile ante la Organización de Estados Americanos (OEA); Haydée Castillo, defensora de derechos humanos, despojada de su nacionalidad por el orteguismo; Alberto Brunori, representante de la Oficina Regional para América Central y el Caribe de Oacnudh; Fiorella Melzi, coordinadora del Meseni.
También participó Eric Jacobstein, asistente y secretario adjunto para Centroamérica de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos; Eva Buendía, consejera de la Embajada de España en Estados Unidos y Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad.
En el foro se reconoció que tras el destierro de los 222, las condiciones de derechos humanos han empeorado en Nicaragua bajo la siniestra dictadura Ortega-Murillo, al extremo de volver a llenar las cárceles hasta con sacerdotes que han sido desterrados, mientras más de 130 personas siguen secuestradas en las mazmorras del régimen.
Heberto Solís, hermano del preso político Lesther Solís, denunció que los presos políticos siguen sufriendo torturas y tratos crueles en el sistema penitenciario de la dictadura.
“Son más de un centenar y viven expuestos a malos tratos, torturas, y son obligados a estar en condiciones que atentan contra la vida humana. Yo demando la libertad de mi hermano Lesther y de todas las personas que viven en prisión por motivos políticos en Nicaragua. Ellas, ellos, gritan en silencio. No nos olvidemos de ellos”, dijo desde el exilio.
Exiliados al final de sus vidas
Eric Jacobstein reconoció que 30 de los 222 desterrados “están en edad de jubilación y son particularmente vulnerables a caer en la indigencia” y “muchos otros enfrentan dramas físicos y psicológicos severos, debido a sus injustos encarcelamientos”.
Eva Buendía, consejera de la Embajada de España en Estados Unidos, detalló que de las 125 solicitudes que recibieron de los desterrados para optar a la nacionalidad española a través de la carta de naturaleza, han concedido un total de 111, doce quedaron en desestimiento y el resto están en trámite.
La mayoría de los desterrados vive en condiciones de precariedad laboral y económica, en muchos casos sin un asilo o identidad oficial y en su mayoría separados de sus familias.
A la vez, el drama de la desnacionalización de facto ha aumentado desde aquel año, junto al destierro de sacerdotes, empresarios, periodistas y religiosos.
Más desterrados de facto por la dictadura
De acuerdo a la denuncia que se expuso por la periodista Tifani Roberts en el foro, cientos de nicaragüenses han sido desterrados de facto al no permitirle el régimen retornar a su patria después de haber salido del país.
“Simplemente no les permiten que aborden un avión de regreso o les impiden ingresar en los aeropuertos y puestos fronterizos, después de haber salido de Nicaragua, o les quitan sus pasaportes y les niegan sus documentos de identidad”, expuso Roberts.
… unidos porque somos nicas ❤️❤️❤️❤️ 🇳🇮🇳🇮🇳🇮 pic.twitter.com/owvHXvKVex
— Tifani Roberts (@TifaniRoberts) February 9, 2024
Sobre estos casos masivos de nuevas desnacionalizaciones por parte del régimen, no se tienen reportes concretos porque muchas víctimas evitan exponer sus casos en público por temor a represalias contra sus familias.
“Son nicaragüenses que salieron a un chequeo médico de unos días, o viajaron a un evento o una misión o visitaron de vacaciones a sus familiares y por ser opositores o familiares de empresarios, periodistas y activistas, los destierran de facto al no permitirles volver a su patria”, expusieron en el foro.
Detalles de la operación
El gobierno de los Estados Unidos, a un año del destierro de 222 presos políticos, reveló que la “Operación Nica Bienvenidos”, costó más de un millón de dólares.
Washington detalla que los gastos fueron divididos en recepciones iniciales, habitaciones en hoteles, teléfonos celulares con datos, transporte local y ropa.
Según detalles de la página del gobierno estadounidense TheForeign Service Journal, fue una operación de días, no semanas.
El vuelo a Nicaragua salió desde una base naval en Norfolk, Virginia, a última hora del 8 de febrero de 2023.
Al menos 10 funcionarios del Servicio Civil y del Servicio Exterior de Estados Unidos, que estuvieron a cargo de la operación, llegaron a Managua en un avión Omni Air 767 financiado por USAID.
Según la publicación, el plan se concretó después de “largos meses de diplomacia encubierta”, entre Nicaragua y Estados Unidos.
El operativo en Nicaragua se manejó a los más altos niveles. No lo conocían ni los mandos medios policiales ni los funcionarios estadounidenses que vinieron por ellos
Los funcionarios estadounidenses conocieron su misión, a la que llamaron “Operation Nica Welcome”, hasta pocos minutos antes de partir y cuando habían sido despojados de sus teléfonos celulares para que no filtraran información.
El embajador Sullivan, que estaba casi de salida en su gestión como embajador en Nicaragua, se fue a Washington para coordinar el operativo y le encomendó a la encargada de negocios Carla Fleharty y a otros funcionarios de la embajada que consiguieran un acuerdo con la dictadura de Ortega y Murillo, que incluía que los reos políticos sólo saldrían hacia Estados Unidos si lo consentían libremente.
Esa cláusula posibilitó que monseñor Rolando Álvarez no fuera desterrado en ese momento, pues se negó a firmar el documento en que aceptaba ser expatriado.
Ortega nunca puso las cosas fáciles, pues hasta “el último minuto” generó obstáculos, refiere The Foreign Service Journal, pero Sullivan logró resolver todos los desacuerdos.
El operativo en las cárceles empezó cerca de las 9:00 de la noche del 8 de febrero de 2023 y concluyó a las 6:25 de la mañana cuando despegó el avión.
Los organizadores avisaron a los pasajeros que “oficialmente estaban libres” cuando el avión abandonó el espacio aéreo de Nicaragua.
