Este 15 de febrero se conmemora un año desde que el régimen encabezado por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, perpetró un acto de desnacionalización contra 94 ciudadanos nicaragüenses, quienes continúan desafiando las medidas represivas y reafirmando su compromiso con el pueblo pinolero.
En un comunicado emitido por los afectados, se denuncia la ilegalidad de las acciones tomadas por la dictadura Ortega-Murillo, quienes, mediante jueces y fiscales a sueldo del régimen, intentaron aniquilar los derechos civiles y políticos de estos ciudadanos.
Según el comunicado emitido este jueves, las medidas de desnacionalización y destierro constituyen una violación flagrante de los derechos humanos y son consideradas un delito de lesa humanidad por la comunidad internacional, reflejado en los Estatutos de Roma de la Corte Penal Internacional.
“Hace un año la dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo pretendió aniquilar nuestros anhelos de libertad, justicia y democracia decretando una muerte civil en nuestra contra”, reza el comunicado.
Los afectados sostienen que las medidas represivas del régimen pretendían doblegar su dignidad y espíritu de lucha, pero enfatizan en que han resistido con firmeza y sin doblar las rodillas ante la tiranía.
“Para esta dictadura mafiosa no existen ni derechas, ni Constitución, ni leyes”, señalan, destacando la ilegalidad de las acciones emprendidas en su contra.
Asimismo, expresaron su gratitud al gobierno y Estado de España por conceder la nacionalidad a más de cien nicaragüenses, así como a otros países latinoamericanos que han ofrecido protección a los afectados.
El mensaje fue suscrito por 46 de los 94 desnacionalizados, entre ellos destacados nombres como los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, el obispo Silvio Báez, el excomandante de la revolución Luis Carrión, la defensora de los derechos humanos Vilma Núñez, el exmagistrado sandinista Rafael Solís, entre otros representantes de diversos sectores de la sociedad nicaragüense.
El grupo reafirmó su compromiso con el pueblo nicaragüense y su determinación de luchar por la restauración de la democracia y los derechos fundamentales en el país centroamericano.
La lista de los afectados incluye a periodistas, académicos, activistas, empresarios y otros profesionales que han sido despojados de su nacionalidad en un acto que ha sido repudiado a nivel nacional e internacional.
