El Colectivo Nicaragua Nunca Más denunció un creciente patrón de expulsiones arbitrarias de ciudadanos nicaragüenses de su propio país por parte de la dictadura Ortega-Murillo. Entre ellas, personas presas políticas enviadas a Estados Unidos y exiliados trasladados a Guatemala.
Un informe identifica 52 casos de destierros forzados entre 2023 y 2024, una práctica que se ha vuelto habitual en la estrategia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para neutralizar a opositores y críticos del gobierno.
Entre ellos destacan los 222 presos políticos enviados a Estados Unidos en febrero de 2023, quienes además fueron despojados de su nacionalidad sin un debido proceso judicial.
Meses después, el 5 de septiembre de 2024, 135 personas fueron expulsadas hacia Guatemala, también bajo condiciones de detención previa y sin acceso a recursos legales. Todos fueron considerados “traidores a la patria”.
Estas expulsiones, sostiene el informe, constituyen una violación directa del derecho internacional y evidencian la instrumentalización del poder judicial para fines políticos.
El documento agrega que incluso un sacerdote fue desterrado a Roma como parte de un acuerdo entre autoridades estatales y religiosas, reflejando la amplitud del control del régimen sobre distintas esferas sociales.
En total, el colectivo ha documentado 94 personas despojadas de su nacionalidad, incluyendo activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y artistas perseguidos por sus ideas o su trabajo.
El destierro no termina con la salida del país. Muchas de las personas expulsadas continúan siendo objeto de acoso digital, campañas de difamación y amenazas en los lugares donde fueron reasentadas.
Para el colectivo, esta práctica busca “convertir el exilio en castigo y advertencia”. Se trata, dice el informe, de “una represión que se desplaza geográficamente, pero mantiene el mismo propósito de control político”.
Además, los desterrados enfrentan enormes desafíos legales y humanitarios. Al ser apátridas, pierden acceso a documentación, servicios y derechos básicos, lo que agrava su vulnerabilidad.
El Colectivo Nicaragua Nunca Más insta a los países receptores y organismos internacionales a garantizar la protección de estas personas, reconocer su condición de víctimas de persecución política y facilitar su integración social y jurídica.
