En un ejercicio de libertad de expresión, varios ciudadanos han levantado su voz, pidiendo la renuncia de su cargo de presidente de la república a Xiomara Castro. Creemos que la petición es exageradamente política; y, por ello, notablemente y escandalosamente injusta. Su probable involucramiento en el uso de dineros del narcotráfico para financiar su primera campaña está sujeta a la investigación correspondiente. Primero porque no se sabe cuánto de lo aportado por los Cachiros y otros narcotraficantes fueron entregados para financiar la campaña aludida, porque cómo sabemos –tal lo que dijo Carlos Zelaya– la mitad era inevitablemente para “el comandante”. Y si el reclamo se basa en la forma como ella permitió que su equipo –que no es tal, porque no ejerce el mando de la dirección del Ejecutivo, sino que Manuel Zelaya Rosales– es injusto que se le reclame por algo que no ha hecho.
Porque si algo caracteriza la gestión de Xiomara Castro es su falta de intervención en la dirección del país. En realidad, la titularidad del Poder Ejecutivo ha estado confiada al comandante Mel Zelaya y a Rixi Moncada. Xiomara Castro es una figura emblemática, representativa, no ejecutiva, para la cual se le ha exigido –con desmesurada hipocresía respecto a los miembros de la oposición— a los que se le ha pedido que ni siquiera se miente su nombre porque ella, no es de este mundo; ni está en este mundo. Consecuentemente estamos en desacuerdo que Xiomara Castro deje el cargo por la vía de la renuncia reclamada en las calles, en vista que con ello se irrespeta la ley. Tampoco aceptamos que desde las Fuerzas Armadas se pueda organizar – cómo teme Rixi Moncada– un golpe de Estado para sacarla del poder y en piyama, se le envíe a Caracas, Managua, Moscú o a La Habana. Claro que no.
Si hay algún indicio que haya cometido algún delito, se le debe someter por el Congreso Nacional al juicio político. Y si cabe, destituirla del cargo, por abandono de sus responsabilidades e incompetencia notoria para el ejercicio del puesto, comprobado por análisis médicos, que confirmen que cerebralmente no está en condiciones para el ejercicio del mismo.
En el caso de Zelaya, es distinto. Es el gobernante de facto, toma las decisiones, “sabe dónde está el dinero”; y el que hace que un grupo de incondicionales – la mayoría mujeres, como los patronos de las haciendas olanchanas— hagan los mandados y asuman la responsabilidad de sus maridos irresponsables. El que se haya defendido primero a sí mismo, antes que, a su hermano, que se haya bañado de agua florida, resaltando su honradez, corresponde a su personalidad. Los pactos, órdenes, los hace de palabra. Nunca deja rastro. De forma que es difícil en este momento encontrar si no indicios de culpabilidad. Como hay otros filmados, grabaciones y movimientos de fondos –se puede, en último caso, hacer una auditoría forense–, se podrá ver cómo este hombre ha vivido 50 años sin trabajar, llevando un nivel de vida que incluye, tal lo que se dice “sotto voce”, inversiones en varios países.
Mientras ello se deslinda, debe ser destituido como asesor principal del gobierno y alejarlo de la presidente Castro y de la administración pública. Y como medida cautelar, se le debe emitir una orden de arraigo de modo que, después que se hagan públicos nuevos filmados que sin duda tiene la DEA y la embajadora Dogu en su poder, iniciar los procesos de responsabilidad. Hay en las declaraciones del hermano rechazado al cual Mel desconoce la filiación fraternal, suficientes indicios para encarcelarlo. Y en una cárcel común.
