Sería algo así como justicia divina que el principal fiscal acusador del totalitarismo castrista fuera procesado por una corte estadounidense, conociendo que Raúl fue el operador más fiel y eficiente con que contó Fidel durante toda su malévola existencia.
Los dos delinquieron contra los países democráticos del hemisferio y directamente contra Estados Unidos en innumerables ocasiones, como lo fue el derribo en aguas internacionales de los aviones de Hermanos al Rescate que causó la muerte de cuatro activistas, tres ciudadanos estadounidenses y un residente.
De veras que distinguimos con mucha satisfacción que el fiscal general de la Florida haya iniciado una investigación por el derribo de las dos aeronaves, un crimen que no hubiera ocurrido si Raúl Castro, a la sazón ministro de la Defensa de Cuba, no lo hubiera autorizado. Además, sugerimos a las autoridades que sería muy conveniente que otros delitos en los cuales el verdugo de la loma de San Juan estuvo involucrado fueran sacados a la luz.
Por ejemplo, en 1993, Raúl Castro fue investigado por otro jurado de la Florida por estar involucrado en actividades de narcotráfico, sin embargo, la investigación fue cerrada por falta de voluntad política de parte de la administración del presidente Clinton. También fue acusado de ser jefe de una conspiración que tenía como objetivo introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos, Cuba sería la plataforma.
Los hermanos Castro suministraron armas y explosivos a grupos extremistas radicales, fomentaron redes de espionaje como la red Avispa, sedujeron a varios funcionarios estadounidenses para que espiaran a su propio país, sin olvidar que se cuentan entre los pioneros en organizar, con el respaldo de una estructura gubernamental, la introducción y distribución de narcóticos en territorio de la Unión Americana.
Por otra parte, el sistema que ambos hermanos impusieron en Cuba instrumentó una campaña de subversión y terrorismo que afectó a todo el hemisferio con repercusiones en este país, incluidos los asesinatos de funcionarios del gobierno de Estados Unidos, entre otros, Dan Mitrione en Uruguay y el embajador en Guatemala, John Gordon Mein, ejecutados por grupos subversivos entrenados y avituallados por el sistema castrista.
El caso de Mitrione fue el más escandaloso. Un agente castrista de nombre Manuel Hevia Cosculluela suministró información sobre Mitrione a los Tupamaros, el grupo terrorista que ejecutó el crimen.
Un sector del exilio cubano siempre ha estado a favor de juzgar internacionalmente a los hermanos Fidel y Raúl Castro, un esfuerzo sin resultados positivos porque hasta el momento, a pesar de las evidencias, ningún gobierno ha mostrado energía política para juzgar a estos criminales.
Raúl Castro, aparte de ser un ejecutor, sirvió como acusador en todos los procesos judiciales importantes que efectuó el castrismo. Instrumentó un espurio juicio que terminó en las 71 ejecuciones de la Loma de San Juan el 11 de enero de 1959 y cumplió la misma función en el juicio contra Huber Matos y sus compañeros, en diciembre de ese mismo año.
Otro proceso en el que asumió el papel de fiscal, una seria aproximación a Robespierre, fue la denominada “micro fracción”, 1967.
Aquel fue un soberano escándalo. Los indiciados, más de una treintena, fueron condenados a diferentes penas de cárcel, entre ellos un hombre que tomó conciencia, como pocos, del daño que el nuevo sistema causaría a los cubanos, Ricardo Bofill Pagés, quien años más tarde y en prisión sembraría las bases para promover novedosas formas de lucha contra el totalitarismo.
Las constantes pugnas dentro del castrismo, genuinas peleas de hienas, condujeron a la destitución en 1968 de Ramiro Valdés, el otrora todopoderoso y sanguinario ministro del Interior, al parecer, como consecuencia de su rivalidad con el hermano del faraón. No obstante, “Ramirito” era insustituible en su rol de duro, razón por la cual nunca ha dejado de estar en la primera fila de los verdugos más connotados del sistema.
Es apropiado reconocer que la purga más sangrienta del castrismo, sin alusión a las numerosas e inexplicables muertes de generales y doctores ocurridas en los últimos años, tuvo lugar en 1989, cuando fueron condenados a muerte y fusilados el general Arnaldo Ochoa y otros tres altos oficiales de los cuerpos armados.
Desgraciadamente, el pueblo cubano no está en capacidad de juzgar a sus verdugos, así que confiemos que sean procesados por nuestros amigos.
