Este domingo 20 de agosto Guatemala celebrará la segunda vuelta electoral para elegir a un nuevo presidente. Esto después de que en la primera ronda, celebrada el pasado 25 de junio, ninguna de las candidaturas obtuvo el 50% de los votos. Así, la segunda vuelta existe con el objetivo de quien sea electo cuente con al menos una mayoría absoluta (más del 50% de votos, natural de obtener cuando sólo existen dos opciones). En un caso como el guatemalteco, con más de 20 candidaturas presidenciales, donde ninguna de ellas alcanzó ni el 20% del padrón, parece necesario.
En esta segunda ronda competirán los dos candidatos que obtuvieron mayor número de votos en la primera ronda, celebrada el pasado 25 de junio. Éstos fueron Sandra Torres, excandidata presidencial (2015 y 2019) y ex primera dama del país (2008-2011), por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con 15.78% de los sufragios y Bernardo Arévalo, hijo del expresidente Juan José Arévalo (1945-1951) y actual diputado en el Congreso, con un 11.8% de los votos.
Si bien destaca el bajo porcentaje de votación para estas dos propuestas, lo que verdaderamente llama la atención es el voto nulo, por el que optaron más del 17% de los guatemaltecos. De haber sido una candidatura, el voto nulo hubiera ganado la primera ronda. Un 7% adicional votó en blanco, demostrando que para ellos ninguna opción en la papeleta acabó de convencer. En conjunto, el voto nulo y en blanco sumaron más de un 1.3 millones de ciudadanos que mostraron su inconformidad (de un total de 5.5 millones que acudieron a las urnas).
Si bien es imposible conocer la motivación de cada votante, esta es una clara señal de protesta contra este proceso electoral en particular y el sistema político en general. Es, al parecer, un síntoma más del rechazo que comenzó con las protestas masivas de 2015. El “Yo no tengo presidente” de entonces parece más vigente que nunca. De acuerdo con la última encuesta (2023) de Latinobarómetro, en Guatemala apenas el 23% de la población del país está ‘satisfecha’ o ‘muy satisfecha’ con su democracia.
Contexto de las elecciones: la exclusión de candidaturas
Una de las causas inmediatas de insatisfacción con la democracia en Guatemala tiene que ver con la invalidación de distintas candidaturas presidenciales, especialmente de figuras que no son parte del actual establecimiento político. Estas candidaturas han sido excluidas por interferencia gubernamental a través de cuestionadas decisiones legales, lo que ha generado descontento entre los aspirantes y la población en general. En 2022, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió la no inscripción de la postulación de Roberto Arzú, del partido Podemos, por promoción electoral anticipada (confirmada más adelante por la Corte de Constitucionalidad). Más tarde, se negó la inscripción de la candidatura de Thelma Cabrera, líder indígena candidata del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Se argumentó que su compañero de fórmula, Jordán Rodas, aspirante a vicepresidente, no presentó un documento ratificando que no tenía cuentas pendientes con el Estado. Finalmente, la Corte de Constitucionalidad dejó fuera a Carlos Pineda, del partido Prosperidad Ciudadana, quién lideraba las encuestas, por supuestos errores en la asamblea en donde fue seleccionado como candidato.
¿Más exclusión?
El resultado de las elecciones del 25 de junio sorprendió a encuestadores y a todo el país, con Bernardo Arévalo alcanzando el segundo sitio, dejando atrás a candidaturas cercanas a la posición oficial. Esto rápidamente trajo consecuencias y partidos tradicionales impugnaron alegando fraude, por lo que la Corte de Constitucionalidad, como medida cautelar, suspendió el anuncio de resultados. Sin embargo, el TSE confirmó los resultados electorales y la segunda vuelta para el 20 de agosto. A pesar de esto, y de especial gravedad, fue la decisión del Ministerio Público –muy cuestionado por falta de independencia y por su actuación política y arbitraria– de suspender al Movimiento Semilla, lo que cancelaría la participación de Arévalo en la segunda vuelta. Afortunadamente, tras importante presión nacional e internacional, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo y suspendió esta decisión. Preocupa, sin embargo, que sigue existiendo presión oficial por excluir a Arévalo y su partido político.
¿Qué está en juego?
La integridad de las elecciones no sólo se mide por la calidad de la administración, logística y materiales el día de la jornada electoral, sino por contar con un proceso equitativo y limpio donde todas y todos puedan participar libremente, sin intimidación y sin obstáculos innecesarios. La democracia se ejerce y gana en las urnas, a través de la participación ciudadana, no desde la arbitrariedad y la opacidad.
Por ello, en IDEA Internacional hemos expresado nuestra preocupación ante el proceso de marcada judicialización que ha marcado este proceso electoral, y por los repetidos intentos que buscan socavar la voluntad popular libremente expresada en las urnas el pasado 25 de junio.
