Daniel Ortega ha llevado el control autoritario de Nicaragua a un nuevo nivel con la reciente aprobación de la Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero. Esta ley, como ya es costumbre en el régimen, fue aprobada en lo general en un procedimiento relámpago sin debate ni transparencia.
Su contenido deja claro que es una herramienta de represión financiera camuflada bajo el pretexto de modernización económica. Detrás de esta fachada técnica, el régimen consolida su poder absoluto sobre el sistema financiero del país, eliminando cualquier vestigio de autonomía e institucionalizando la persecución económica.
Lejos de ser un esfuerzo legítimo para fortalecer el sistema financiero, esta ley destruye el sigilo bancario, convirtiendo a las instituciones financieras en cómplices forzados de la vigilancia estatal. Bajo el control de un Consejo Directivo liderado por Ovidio Reyes, el presidente del Banco Central y ahora el hombre fuerte de la política económica del régimen, el sistema financiero de Nicaragua pasa a ser una extensión del aparato represivo de los Ortega-Murillo. Este consejo no solo centraliza funciones clave, sino que otorga a Reyes poderes extraordinarios para supervisar, intimidar y sancionar a cualquier actor económico que no se alinee con los intereses del régimen.
Un Golpe a la Privacidad y la Libertad Económica
El artículo 137 de la ley simboliza la esencia represiva de esta normativa: permite a la Superintendencia de Bancos recurrir al uso de la fuerza pública para obtener información financiera, incluso sin el debido proceso. Este nivel de acceso, sin restricciones ni contrapesos legales, destruye la privacidad financiera que es esencial para la libertad económica. Lo sé de primera mano. En 2018, el régimen confiscó y congeló mis cuentas bancarias sin orden judicial, sin explicaciones y sin respeto alguno por mis derechos. Lo que entonces fue una práctica arbitraria ahora se formaliza como parte de la política de estado, y cientos de ciudadanos ya han sido víctimas de estas medidas.
La eliminación práctica del sigilo bancario no solo destruye la confianza en las instituciones financieras, sino que también convierte a los bancos y entidades reguladoras en herramientas de vigilancia estatal. Todo ciudadano o empresario en Nicaragua queda expuesto a una vigilancia constante, donde cualquier movimiento financiero puede ser utilizado en su contra.
Control del Capital: Una Estrategia de Desesperación
Otro objetivo evidente de esta ley es frenar la fuga de capitales, un fenómeno que refleja la desconfianza masiva hacia el régimen. Sin embargo, estas medidas no solucionarán el problema; por el contrario, acelerarán la salida de recursos y profundizarán el aislamiento económico del país. Al bloquear las salidas legítimas de capital, Ortega castiga no solo a los empresarios, sino también a la ciudadanía que busca proteger su patrimonio.
El Sistema Financiero como Arma de Control
Con esta ley, Ortega ha transformado el sistema financiero en un rehén de su maquinaria dictatorial. Los bancos y entidades reguladoras, que deberían actuar como garantes de estabilidad y autonomía económica, ahora operan bajo las órdenes del régimen. La confidencialidad bancaria ha sido reemplazada por la persecución, y la seguridad jurídica, por el miedo. Este no es un esfuerzo para modernizar el sistema financiero; es una estrategia deliberada para someter a la población y eliminar cualquier espacio de autonomía económica.
Un Camino de Daños Irreparable
Esta ley no debe analizarse de forma aislada. Es parte de un patrón más amplio de centralización del poder absoluto por parte de los Ortega-Murillo. Desde la eliminación de organizaciones de la sociedad civil hasta la represión sistemática de opositores, el régimen está construyendo un estado policial que utiliza las leyes como armas para silenciar cualquier forma de resistencia.
El impacto de esta ley no solo será devastador para la economía, sino también para el tejido social de Nicaragua. Cuando la democracia finalmente regrese, tomará años —si no décadas— reparar el daño causado por este asalto al sistema financiero.
Ortega no solo confisca cuentas bancarias; confisca libertades. Esta ley no regula, reprime. No moderniza, aterroriza. En Nicaragua, la dictadura no protege la economía; la utiliza como un arma contra su propio pueblo.
