Inversiones polémicas, dependencia económica, apoyo a las dictaduras regionales, malas prácticas como la corrupción, violaciones de derechos humanos y presión política tanto a nivel doméstico como en organizaciones internacionales. La influencia internacional de China en América Latina existe en cada uno de esos ámbitos, pero casi siempre pasa desapercibida o es ignorada por los intereses políticos y económicos en juego, o por mero desconocimiento.
Pekín aprovecha estas circunstancias para avanzar silenciosamente en la región. Sin apenas oposición, extiende sus redes y despliega su poderío económico. Una penetración con códigos propios que tiene efectos nocivos sobre el desarrollo regional y que, por tanto, ha puesto en alerta a un reducido número de representantes políticos, académicos y activistas que tratan de poner coto a dicha influencia. Su preocupación se ha convertido en una prioridad.
Una respuesta a esta latente influencia autoritaria es la Alianza Interparlamentaria sobre China (Ipac, en su acrónimo en inglés). Aunque aún poco conocida en América Latina, esta organización tiene representación en casi 40 países, cuatro de ellos latinoamericanos. Su misión es vincular y unir fuerzas entre parlamentarios y activistas de todo el mundo para impulsar políticas públicas y medidas concretas que permitan aprovechar a China como un socio beneficioso, pero que a la vez sirvan para frenar los efectos negativos que se derivan de la relación con Pekín.
Además, aspiran a promover políticas que protejan la integridad del derecho internacional y que sirvan para oponer resistencia tanto a la intención de China de ignorarlo como de su manejo de las organizaciones internacionales a su conveniencia. Ello es consecuencia de que China no se ha integrado en la comunidad internacional como se esperaba que lo hiciera más de dos décadas atrás. Al contrario, Pekín se resiste a interactuar de acuerdo con las normas existentes porque considera que no les son favorables y por ello trabaja activamente para influir en ellas junto con otros regímenes autoritarios como Rusia o Irán con el propósito de cambiarlas.
Otras dos temáticas de discusión recurrentes de Ipac son, por un lado, la defensa de los derechos humanos en Xinjiang y en el resto de China, incluido el impulso de posibles medidas contra la represión transfronteriza que China ejerce sobre los disidentes; y, por otro, la defensa legal y narrativa de Taiwán ante una posible agresión de Pekín. El diagnóstico no sólo implica concienciar sobre las catastróficas consecuencias de una invasión de la isla, sino también contrarrestar la distorsión que Pekín hace del concepto de «una sola China» por su interpretación interesada de la Resolución 2758 de la ONU de 1971.
En América Latina las cosas no son distintas. China utiliza su poder y su estrecha relación con las élites regionales desde hace muchos años. Los Gobiernos se ven a menudo presionados por la dependencia comercial, por las oportunidades económicas que China ofrece y por su convicción de que hay que mantener buenas relaciones con Pekín a casi cualquier precio. Esto permite a la potencia asiática presionar y moldear la política regional e internacional de estos Estados a su antojo. China logra así acceder a los recursos naturales, conceder préstamos, desmantelar el reconocimiento a Taiwán en Centroamérica y lograr apoyo diplomático en las organizaciones internacionales.
En este contexto, los Parlamentos regionales tienen la oportunidad de ejercer contrapesos y generar control ante la amenaza que supone la falta de transparencia en la relación con China. Sin embargo, Pekín no ha dudado en amenazar directamente a los críticos, como fue el caso en Chile con dos incidentes en años recientes. En 2018, China presionó para evitar que se formara un grupo de amistad parlamentario con Taiwán, y en 2019 dos diputados, Vlado Mirosevic (P. Liberal) y Jaime Bellolio (Unión Demócrata Independiente, UDI), fueron directamente criticados en la prensa por el embajador Chino, Xu Bu, por reunirse con disidentes de Hong Kong tras un viaje a Taiwán.
Este año, antes de viajar hace pocos días a la conferencia del Ipac en Taiwán, varios de los legisladores latinoamericanos fueron presionados por los diplomáticos chinos para que cancelaran su participación en el evento. La Embajada china en Colombia se comunicó con el partido Centro Democrático para advertir sobre la participación de la senadora Paola Holguín, mientras que las dos representantes de Bolivia, las senadoras Centa Rek y Cecilia Requena, recibieron solicitudes para reunirse a propósito de su participación en la conferencia. Ninguno de los siete parlamentarios latinoamericanos asistentes, de Uruguay, Bolivia, Colombia y Paraguay, canceló su viaje.
Pese a las presiones chinas, que exista un esfuerzo coordinado para impulsar medidas desde los Parlamentos latinoamericanos constituye una oportunidad concreta para visibilizar los desafíos de la relación con una potencia autoritaria como China y, con ello, impulsar políticas públicas que amortigüen los efectos nocivos de su influencia. A través de una paleta de representantes ideológicamente variada, Ipac se ha convertido en una plataforma necesaria desde donde enfatizar que asuntos a menudo etiquetados como “lejanos y sin reales consecuencias para América Latina”, como la defensa de Taiwán o la protección de los derechos humanos, sean también una prioridad para la región.
