Un juez federal en Estados Unidos ha ordenado mantener temporalmente la suspensión de las deportaciones de niños migrantes guatemaltecos no acompañados que se encuentran bajo custodia del gobierno estadounidense. La medida responde a un intento por parte de la administración Trump de repatriar a decenas de menores sin el debido proceso legal.
El juez Timothy J. Kelly, del tribunal federal en Washington, extendió la orden de restricción temporal hasta el 16 de septiembre, otorgando más tiempo para analizar el caso. La decisión surge tras una audiencia el 10 de septiembre, en la que se evidenció que el gobierno había cambiado su versión sobre si los padres de los niños habían solicitado su regreso a Guatemala.
La controversia comenzó durante el fin de semana del Día del Trabajo, cuando el gobierno de Trump intentó deportar apresuradamente a 76 menores guatemaltecos que habían llegado a EE. UU. sin compañía de un adulto. En la madrugada del 31 de agosto, ICE (Inmigración y Control de Aduanas) trasladó a los menores desde albergues y hogares temporales hacia aeropuertos en Texas, preparándolos para ser enviados a Guatemala.
Aunque inicialmente se identificaron 457 niños migrantes para posible deportación, esa cifra se redujo a 327, y solo 76 llegaron a abordar los vuelos. Sin embargo, una orden judicial de emergencia detuvo la operación en el último momento.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y de la infancia presentaron demandas urgentes contra el gobierno federal, alegando que muchos de estos niños migrantes guatemaltecos estaban huyendo de la violencia, abuso y pobreza extrema en sus comunidades de origen —principalmente regiones indígenas como Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Alta Verapaz.
Las organizaciones señalaron que la administración Trump intentó evadir los procedimientos legales establecidos para la protección de menores no acompañados, incluyendo el derecho a una audiencia ante un juez de inmigración antes de ser deportados.
Durante la audiencia del 10 de septiembre, el juez Kelly confrontó al Departamento de Justicia por declaraciones contradictorias. Un abogado del gobierno había asegurado que los padres de los niños pidieron su retorno, pero un informe posterior de la Fiscalía General de Guatemala desmintió esa afirmación. De los 600 menores identificados, solo se logró contactar a 115 padres, y muchos de ellos no deseaban que sus hijos regresaran a Guatemala.
Los defensores de los derechos de los migrantes han solicitado al tribunal que impida de manera más duradera la deportación de niños migrantes mientras continúa el litigio. Además, temen que el gobierno pueda intentar deportar también a menores hondureños en circunstancias similares.
Existen demandas paralelas en Arizona e Illinois, aunque con un alcance más limitado. El caso principal sigue siendo el de Washington, D.C., donde la orden judicial actual bloquea cualquier deportación de menores sin una orden específica de un juez de inmigración.
Los niños migrantes no acompañados que cruzan la frontera sur de EE. UU. son transferidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, bajo el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Allí permanecen en una red nacional de albergues hasta que se les asigna un patrocinador, generalmente un familiar.
Según autoridades guatemaltecas, muchas familias se endeudan o hipotecan sus propiedades para costear el viaje de sus hijos hacia Estados Unidos, buscando escapar de la pobreza, la exclusión social y la violencia.