Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este jueves la liberación inmediata del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien permanece detenido en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Pensilvania y ha sido el foco de una polémica legal con la administración de Donald Trump. La decisión responde a lo que el tribunal consideró una detención sin base legal.
La jueza Paula Xinis, del distrito federal, sostuvo en su resolución que “desde la detención ilegal de Ábrego García en El Salvador, ha sido detenido nuevamente, sin autoridad legal”. Aclaró además que la ausencia de una orden formal de deportación restringe la capacidad del gobierno estadounidense para proceder con su expulsión del país.
Xinis solicitó a las autoridades federales que informaran a su tribunal, antes de las 5:00 p.m. de este mismo jueves, sobre el estatus actual del salvadoreño. También instruyó a que se notificara a la corte de Tennessee, donde Ábrego enfrenta cargos relacionados con tráfico de personas, para que defina las condiciones bajo las cuales debe producirse su liberación.
El caso generó controversia tras la deportación errónea de Ábrego García a El Salvador a inicios de este año cuando fue deportado a la megacárcel salvadoreña del CECOT con más de 200 migrantes venezolanos acusados de ser parte de la banda criminal El Tren de Aragua, pero en julio fue repatriado a Estados Unidos.
La acción provocó críticas a las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y motivó protestas lideradas por organizaciones defensoras de derechos migrantes. La defensa argumenta que el gobierno ha manipulado el sistema migratorio para castigar a su cliente por impugnar con éxito su anterior deportación y negarse a aceptar culpabilidad en los cargos que se le imputan.
En noviembre, el gobierno intentó deportarlo a Liberia, un país al que Ábrego nunca ha viajado, cuyo idioma no habla y con el que no tiene ningún vínculo. Según la defensa, el salvadoreño había designado a Costa Rica como el país de destino si se concretaba su deportación. Los abogados insisten en que los intentos del gobierno de enviarlo a terceros países vulneran sus derechos y constituyen un castigo político encubierto.