Un contrato entre el gobierno de Pedro Sánchez y la empresa china Huawei para el suministro tecnológico del sistema de intercepciones telefónicas y vigilancia policial desató una fuerte advertencia de la Comisión Europea, que instó a los países miembros a “restringir o excluir a Huawei de sus redes 5G”.
Según Bruselas, la participación de Huawei en infraestructuras móviles implica “un riesgo mucho mayor” que otros proveedores. La advertencia se produce tras conocerse que el Ministerio del Interior de España pagó más de $13 millones a Huawei para suministrar servidores del sistema Sitel, herramienta usada para interceptar llamadas y monitorear sospechosos con orden judicial.
Las cabinas de almacenamiento de datos de Huawei ya han sido instaladas en unidades como la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Jefatura del Servicio de Información, centros clave para el manejo de información sobre terrorismo, crimen organizado y narcotráfico, incluso con datos compartidos por agencias como la DEA y la CIA.
Estados Unidos en alerta por espionaje chino
Los presidentes de los comités de inteligencia del Congreso estadounidense, Tom Cotton y Rick Crawford, solicitaron revisar los acuerdos de inteligencia con España ante el riesgo de filtración de información a China.
La preocupación radica en que Huawei mantiene vínculos con el Partido Comunista Chino (PCCh) y está sujeta a la Ley de Inteligencia Nacional de 2017, que obliga a las empresas a cooperar con el gobierno chino en temas de seguridad.
Desde hace más de una década, Estados Unidos considera a Huawei una amenaza para su seguridad nacional. Durante el primer mandato del presidente Donald Trump, la compañía fue incluida en la “Entity List”, acusada de espionaje comercial e industrial. El presidente Joe Biden mantuvo las restricciones y endureció la prohibición de exportación de chips y tecnología sensible a empresas chinas, algo que ha continuado y se ha reforzado en la segunda administración Trump.
Pruebas de puertas traseras y espionaje global
Informes de inteligencia de EE.UU. y Australia confirmaron que Huawei tiene acceso a puertas traseras en redes móviles desde 2009.
Casos como el proyecto de “ciudades seguras” en Pakistán, donde presuntamente Huawei habría instalado accesos ocultos, o la aplicación china “Study the Great Nation”, con funciones de monitoreo de usuarios, alimentan las sospechas globales.
Una auditoría técnica de la empresa Finite State reveló en 2019 que más del 55 % de los dispositivos Huawei analizados contenían puertas traseras o vulnerabilidades críticas. En Europa, Vodafone Italia detectó entre 2009 y 2012 servicios inseguros en equipos Huawei que podrían haber comprometido sus redes internas.
Europa refuerza medidas contra Huawei
Bélgica prohibió el uso de Huawei en redes 5G de sectores críticos tras detectar tráfico anómalo en centros de telecomunicaciones. República Checa, Reino Unido, Australia, Costa Rica, Estados Unidos, entre otros países, han vetado formalmente a Huawei en sus sistemas de telecomunicaciones.
El escándalo por el pago de sobornos en el Parlamento Europeo, conocido como “Generación Huawei”, intensificó el rechazo a la empresa por supuestas operaciones de influencia en organismos reguladores, erosionando la confianza pública en la neutralidad institucional.
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América Latina: entre presión tecnológica y regulaciones
En Latinoamérica, Costa Rica ha liderado la resistencia contra Huawei al excluirla de su licitación 5G al no cumplir China con el Convenio sobre Ciberdelincuencia de Budapest (2001).
Según Carlos Augusto Chacón, del Instituto de Ciencia Política de Colombia, esta decisión fortalece la ciberseguridad y la soberanía tecnológica de la región.
Huawei ha emprendido acciones legales, mediáticas y políticas para revertir su exclusión en Costa Rica, pero el país mantiene firme su postura, privilegiando proveedores que garanticen la protección de la privacidad y derechos digitales de sus ciudadanos.
El presidente costarricense Rodrigo Chaves anunció el 11 de diciembre de 2024 una denuncia penal contra la empresa china Huawei por delitos de estafa, cohecho propio (soborno), tráfico de influencias e influencia contra la hacienda pública.
El caso de Costa Rica no es único. La multinacional de la República Popular China ha enfrentado acusaciones similares en países de África, Asia, Oceanía, Europa, así como en Canadá y Estados Unidos.
