En un nuevo capítulo de la política migratoria de línea dura del expresidente Donald Trump, su administración presentó este sábado un recurso urgente ante la Corte Suprema de Estados Unidos, con el objetivo de revertir una orden que detuvo temporalmente la deportación de migrantes venezolanos hacia El Salvador.
La solicitud, firmada por el procurador general John Sauer, busca que el máximo tribunal autorice el reinicio de los vuelos de expulsión y permita que tribunales inferiores retomen el caso.
La medida responde a una suspensión emitida la madrugada del sábado, luego de una petición de emergencia presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
El detonante de esta intervención judicial fue la inminente transferencia de un grupo de migrantes venezolanos desde un centro de detención en Texas hacia El Salvador, un país con el que Washington firmó un acuerdo de cooperación carcelaria.
La Ley de 1789 vuelve al centro del debate
Para justificar estas expulsiones, la administración Trump apeló a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, una legislación poco común en tiempos modernos, que fue concebida en el contexto de guerras internacionales.
El gobierno sostiene que los migrantes en cuestión tienen vínculos con el “Tren de Aragua”, una organización criminal transnacional a la que ha calificado como grupo terrorista.
El recurso presentado ante la Corte alega que la intervención de la ACLU fue “prematura” y que no se agotaron las instancias judiciales previas.
Además, argumenta que los migrantes fueron notificados con antelación sobre el proceso y que la administración ha prometido no aplicar la antigua ley como base exclusiva para las expulsiones.
Controversia por el acuerdo con El Salvador
El acuerdo entre Estados Unidos y el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha levantado serias preocupaciones entre organizaciones de derechos humanos. El pacto permite la reubicación de migrantes en el CECOT, un centro penitenciario ampliamente criticado por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Como parte del convenio, Washington destinará $6 millones anuales al sostenimiento de este sistema carcelario.
Desde el inicio del programa, más de 200 migrantes –en su mayoría venezolanos– han sido trasladados a dicha prisión, acusados de pertenecer a la red criminal sudamericana.
El uso de una ley del siglo XVIII para deportar migrantes ha encendido las alarmas entre juristas y legisladores demócratas, quienes consideran que esta estrategia representa un grave retroceso legal y podría desencadenar una crisis constitucional.
