Kilmar Ábrego García, el salvadoreño que fue deportado por error desde Estados Unidos hace 3 meses, se declaró este viernes no culpable de los cargos federales que enfrenta por presunta participación en el transporte ilegal de personas indocumentadas.
Durante la audiencia celebrada en un tribunal federal en Nashville, Tennessee, se leyeron los cargos en su contra, que incluyen conspiración para transportar inmigrantes indocumentados y transporte ilegal de extranjeros con fines de lucro. Ábrego García, quien compareció ante el juez vestido con un uniforme rojo de detenido, negó todas las acusaciones.
Las autoridades federales alegan que Ábrego estuvo involucrado en más de 100 viajes entre Texas, Maryland y otros estados, transportando personas sin documentos dentro del territorio estadounidense. Uno de los incidentes clave en la investigación se remonta a un control de tráfico en 2022, cuando Ábrego fue sorprendido conduciendo un Chevrolet Suburban con nueve pasajeros varones de origen hispano.
En la misma audiencia se abordó la situación de su detención preventiva. El tribunal determinó que Ábrego continuará bajo custodia federal mientras avanza el proceso judicial. Hasta el momento, no se han emitido decisiones sobre una posible liberación bajo fianza ni sobre medidas alternativas a la detención.
Horas antes de la audiencia federal en la que Kilmar Ábrego García se declaró no culpable, su esposa, Jennifer Vásquez Sura, se dirigió a un grupo de simpatizantes reunidos frente a una iglesia local, donde recordó que este jueves se cumplieron tres meses desde la deportación de su esposo a El Salvador, la cual calificó como un acto de “secuestro” por parte de la administración Trump.
Conmovida y con la voz entrecortada, Vásquez Sura relató que había podido ver a su esposo por primera vez el día anterior, y transmitió un mensaje de esperanza de parte de Ábrego: “Kilmar quiere que tengan fe”, expresó, al tiempo que instó a la comunidad a seguir apoyando su caso y el de su familia.
Kilmar Ábrego, originario de El Salvador, había residido en Estados Unidos por más de diez años antes de ser deportado en marzo, en un proceso que el gobierno de ese entonces calificó como un “error administrativo”. Sin embargo, su expulsión contravino una orden judicial emitida en 2019, que le otorgaba protección ante una posible deportación, debido a los riesgos de persecución por parte de pandillas en su país de origen.