Un grupo de ciudadanos e inmigrantes estadounidenses está demandando a la administración Trump por poner fin a una herramienta legal de larga data que los presidentes han utilizado para permitir que personas de países donde hay guerra o inestabilidad política entren y vivan temporalmente en los Estados Unidos. Entre los demandantes hay un ciudadano nicaragüenses.
La demanda presentada a última hora de la noche del viernes busca restablecer los programas de libertad condicional humanitaria que permitían a 8.7 millones de migrantes de Ucrania, Afganistán, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que tienen como patrocinadores residentes legales en Estados Unidos.
Los demandantes incluyen a ocho inmigrantes que ingresaron legalmente a los Estados Unidos antes de que la administración Trump pusiera fin a lo que llamó el amplio abuso de la libertad condicional humanitaria. Pueden permanecer legalmente en los Estados Unidos hasta que expire su libertad condicional, pero la administración dejó de procesar sus solicitudes de asilo, visas y otras solicitudes que podrían permitirles permanecer más tiempo.
Ninguno de ellos se identifica por sus nombres reales porque temen la deportación. Entre ellos se encuentran Maksym y Maria Doe, una pareja ucraniana; Alejandro Doe, que huyó de Nicaragua tras el secuestro y la tortura de su padre; y Omar Doe, que trabajó durante más de 18 años con el ejército estadounidense en su país de origen, Afganistán.
El presidente Donald Trump ha estado poniendo fin a las vías legales para que los inmigrantes vengan a los Estados Unidos e implementando promesas de campaña para deportar a millones de personas que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos.
Al menos tres ciudadanos estadounidenses forman parte de la demanda, informó la agencia Associated Press. Entre ellos Kyle Varner, un médico de 40 años e inversor inmobiliario de Spokane, Washington, Sandra McAnany y Wilhen Pierre Victor, y la Haitian Bridge Alliance, una organización con sede en California que ayuda a los inmigrantes con asesoramiento legal.
“La administración Trump está tratando de atacar la libertad condicional desde todos los ángulos”, dijo Esther Sung, abogada del Centro de Acción de Justicia, que presentó la demanda ante Human Rights First en el tribunal federal de Massachusetts.
