El ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, afirmó que la postura de su país sobre el caso del migrante salvadoreño Kilmar Abrego García no ha cambiado y que sigue dispuesto a recibirlo por razones humanitarias. Así lo comunicó en una carta oficial fechada el 25 de agosto de 2025, en la que también expresó su disposición de otorgarle estatus de refugiado o residencia legal.
“La oferta de Costa Rica de recibir al señor Ábrego García por razones humanitarias sigue vigente”, declaró Zamora a la cadena ABC News. Añadió que la carta enviada en agosto es la posición oficial del gobierno costarricense en este caso.
El posicionamiento de Costa Rica contrasta con lo sostenido por el Departamento de Justicia de EE.UU. El miércoles, John Cantu, alto funcionario de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), testificó en una corte federal de Maryland que la deportación a Costa Rica “no es una opción en este momento”, señalando al Departamento de Estado como fuente de dicha decisión.
Durante la audiencia, Cantu no pudo responder con claridad si el gobierno estadounidense ha sostenido nuevas comunicaciones con Costa Rica desde el 21 de agosto.
“Sentado aquí hoy, ¿podría decirme si alguien del Departamento de Estado se ha puesto en contacto con Costa Rica desde el 21 de agosto para determinar si las comunicaciones han cambiado?”, preguntó el abogado Sascha Rand. “Así es”, respondió Cantú.
Según documentos judiciales, los abogados del Departamento de Justicia han insistido en que Costa Rica no es una opción viable sin ofrecer mayor explicación. En su lugar, han propuesto otros destinos africanos como Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia. Para la defensa de Abrego, estas decisiones reflejan una falta de debido proceso.
“El gobierno ha perdido toda credibilidad al negar que algo distinto al castigo motiva su desesperada insistencia en enviar a mi cliente a un país africano, a cualquier país africano”, denunció su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg.
Ábrego García fue arrestado en marzo en Maryland y deportado a El Salvador, pese a una orden judicial emitida en 2019 que prohibía su deportación por el riesgo de persecución. Las autoridades estadounidenses justificaron su expulsión alegando vínculos con la pandilla MS-13, lo cual él niega. Fue recluido en el centro penitenciario CECOT.
En junio fue retornado a Estados Unidos, pero solo para enfrentar cargos por supuesto tráfico de personas en Tennessee. Actualmente, guarda prisión en una instalación de detención en Pensilvania mientras espera el inicio de su juicio penal programado para enero.
La jueza federal Paula Xinis mantiene suspendida su deportación hasta resolver el proceso de hábeas corpus. La magistrada expresó frustración ante la falta de claridad del gobierno sobre por qué se descarta a Costa Rica como destino, pese a que el país centroamericano ha reiterado su disposición a recibirlo.