España inicia este 16 de abril un proceso extraordinario de regularización migratoria que podría beneficiar a más de 120,000 ciudadanos de Centroamérica, principalmente de Honduras y Nicaragua, dentro de un universo estimado de hasta 500,000 personas en situación irregular.
La medida, aprobada mediante un real decreto el 14 de abril por el Gobierno de Gobierno de España, busca dar salida a una situación estructural que afecta a cerca de 840.000 extranjeros sin papeles en el país.
Según estimaciones basadas en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Observatorio Permanente de la Inmigración, la mayor cifra de centroamericans son de Honduras y luego Nicaragua.
Hondureños entre los principales beneficiados
De acuerdo con cálculos de la fundación Funcas, los hondureños constituyen el tercer grupo más numeroso de migrantes en situación irregular en España, con unas 90.294 personas.
Mientras que los nicaragüenses suman al menos 28,894, aunque otras estimaciones elevan esta cifra hasta más de 40,000 si se incluyen solicitantes de asilo en trámite.
En conjunto, ambos países concentran alrededor de 119,000 potenciales beneficiarios directos de la regularización, lo que los convierte en el principal bloque centroamericano dentro del proceso.
A ellos se sumarían otros migrantes procedentes de países como El Salvador, Guatemala y Panamá, que, aunque no cuentan con cifras desglosadas oficiales recientes, podrían aportar unos 20,000 beneficiarios adicionales, según estimaciones basadas en su menor peso relativo en los registros migratorios.
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Requisitos y alcance del proceso
El programa establece como condiciones principales haber ingresado en España antes del 31 de diciembre de 2025, demostrar al menos 5 meses de estancia continuada, carecer de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público.
Diversos análisis coinciden en que la mayoría de los migrantes latinoamericanos en situación irregular —que representan el 91 % del total— cumplen con estos requisitos, lo que eleva las probabilidades de acceso al proceso.
Aunque aún no existen datos oficiales desagregados por nacionalidad sobre las solicitudes, expertos señalan que el impacto de la medida será especialmente significativo en comunidades centroamericanas, donde la migración reciente ha crecido de forma sostenida desde 2018 por razones políticas, económicas y sociales.
El proceso, que se extenderá hasta finales de junio, marcará uno de los mayores intentos de regularización migratoria en España en las últimas décadas.
