La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este jueves a la administración del presidente Donald Trump poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de inmigrantes haitianos y sirios, una decisión que podría afectar a más de 350,000 personas y que ha generado fuertes críticas de autoridades estatales y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
Con una votación de 6 contra 3, el máximo tribunal determinó que el Gobierno federal puede revocar las designaciones del TPS sin que los tribunales revisen esa decisión, al considerar que la legislación vigente otorga esa facultad al Poder Ejecutivo.
El fallo deja sin efecto resoluciones de tribunales inferiores que habían suspendido la eliminación del programa para ciudadanos de Haití y Siria. Además, sienta un precedente que podría extenderse a otros países beneficiarios del TPS, entre ellos El Salvador, Líbano, Sudán y Ucrania, cuyas designaciones deberán renovarse en los próximos meses.
El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para brindar protección temporal a personas que no pueden regresar de forma segura a sus países debido a conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias.
Actualmente, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene recomendaciones para que sus ciudadanos no viajen a Haití ni a Siria debido a los elevados niveles de violencia, terrorismo, secuestros e inestabilidad, condiciones que, según organizaciones migrantes, continúan poniendo en riesgo a quienes podrían ser deportados.
La decisión también podría afectar a miles de trabajadores que actualmente laboran legalmente en sectores como la salud, la agricultura y el cuidado de adultos mayores. Organizaciones de defensa de los inmigrantes estiman que unos 200,000 haitianos con TPS forman parte de la fuerza laboral estadounidense y generan alrededor de $5.9 mil millones anuales para la economía del país, además de aportar aproximadamente $1.5 mil millones en impuestos federales y estatales.
La fiscal general de Massachusetts, Andrea Campbell, advirtió que el fallo tendrá consecuencias especialmente graves para ese estado, donde residen más de 45,000 haitianos protegidos por el TPS que desempeñan funciones esenciales en hospitales, hogares de ancianos y otros servicios de atención médica.
La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, calificó la resolución como “cruel y perjudicial” y aseguró que el estado continuará ofreciendo asistencia legal y apoyo comunitario a las familias afectadas. “Donald Trump está eliminando las protecciones de familias y niños que huyeron de terremotos, violencia y otras crisis humanitarias para construir una vida segura y productiva aquí”, afirmó.
Por su parte, la Casa Blanca celebró la decisión. La portavoz Abigail Jackson sostuvo que el fallo confirma que el TPS “es, por definición, temporal” y que nunca fue concebido como un mecanismo para obtener residencia permanente o un camino hacia la ciudadanía.
La resolución también establece que la terminación del TPS no podrá ser objeto de revisión judicial, un criterio que podría facilitar futuras decisiones del Ejecutivo para eliminar esta protección a inmigrantes de otros países.
Aunque la decisión aún no entra en vigor de inmediato, las autoridades estadounidenses deberán definir en los próximos días o semanas el calendario para implementar la revocación del programa, mientras el caso continúa su trámite en tribunales inferiores respecto a otros aspectos constitucionales planteados por los demandantes.
