Un juez federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente la deportación de 10 menores guatemaltecos que serían retornados a su país de origen, y convocó una audiencia de emergencia para determinar si la medida impulsada por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es legal.
La orden fue emitida por la jueza Sparkle L. Sooknanan, del Tribunal del Distrito de Columbia, luego de que el Centro Nacional de Leyes Migratorias (NILC, por sus siglas en inglés) interpusiera una demanda urgente. Los abogados argumentaron que el gobierno violó el debido proceso y desatendió las protecciones especiales que otorga la ley a los menores no acompañados.
El tribunal prohibió al gobierno deportar a los menores, cuyas edades oscilan entre los 10 y 16 años, durante al menos 14 días. La audiencia de emergencia fue agendada para este domingo por la tarde.
Aunque la resolución es provisional, representa un segundo revés para las políticas migratorias del presidente Trump desde el viernes, cuando otro juez bloqueó la ejecución de deportaciones exprés lejos de la frontera sur.
El Centro Nacional de Leyes Migratorias denunció en su demanda de 25 páginas que los menores tienen procesos activos ante distintas cortes migratorias del país y que su deportación violaría tanto la ley como la Constitución. El documento calificó la acción gubernamental como “ilegal e imprudente”.
Algunos de los menores, identificados en la demanda solo por sus iniciales, han manifestado ante jueces migratorios su temor a regresar a Guatemala, país del cual huyeron por violencia o abandono.
La administración Trump impulsa actualmente un plan sin precedentes para repatriar a más de 600 menores guatemaltecos, muchos de los cuales permanecen bajo custodia en refugios estatales. El programa piloto se realiza en coordinación con el gobierno de Guatemala.
El canciller guatemalteco, Carlos Ramíro Martínez, confirmó que su país espera recibir a los menores “de manera gradual y planificada”, como parte de un acuerdo reciente con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Pese a que la cifra de menores no acompañados ha disminuido desde el inicio del segundo mandato del presidente Trump, el gobierno ha tenido dificultades para manejar la situación debido a las protecciones legales que cobijan a estos migrantes, en especial bajo la Ley de Reautorización para la Protección de Víctimas de Tráfico, que les garantiza el derecho a presentar su caso ante un juez.
Actualmente hay cerca de 2.000 niños migrantes bajo custodia de Estados Unidos, la mayoría provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador.
