El 7 de enero de 2026, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) disparó y mató a Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense, durante un operativo en Minnesota. El hecho desató una ola de indignación nacional por las tácticas que la agencia viene aplicando en zonas alejadas de la frontera sur.
Durante el último año, imágenes de agentes encapuchados y fuertemente armados arrestando a personas en escuelas, viviendas y tribunales se han vuelto cada vez más frecuentes. Estas acciones reflejan el cambio de estrategia migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ahora enfoca los operativos en el interior del país.
Históricamente, la mayoría de deportaciones ocurrían en la frontera con México, principalmente ejecutadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. De hecho, entre 2010 y 2020, el 80 % de las deportaciones se realizaron cerca de la frontera, porcentaje que aumentó a 98 % durante la pandemia por la aplicación del Título 42.
Con su regreso a la Casa Blanca, Trump ha centrado sus políticas migratorias en las ciudades del norte del país. La ley de presupuesto de 2025 asignó $170,000 millones en cuatro años para fortalecer el control migratorio, de los cuales $75,000 millones están destinados a capturar, detener y deportar a inmigrantes que ya viven en territorio estadounidense.
Desde su fundación en 2002, ICE se ha posicionado como un brazo clave en el aparato de seguridad nacional. Fue creada bajo el Departamento de Seguridad Nacional tras los ataques del 11 de septiembre, cuando el entonces presidente George W. Bush definió la inmigración como una amenaza para la seguridad del país.
La política migratoria de Trump busca deportar 1 millón de personas en su primer año. Sin embargo, con menos cruces ilegales en la frontera, las acciones han girado hacia los vecindarios del país, incluso en zonas como Minnesota. Allí, la presencia de ICE ha provocado protestas ciudadanas y el rechazo de líderes políticos, incluidos senadores republicanos como Thom Tillis, Lisa Murkowski y Joni Ernst.
Las críticas también se reflejan en las encuestas. El respaldo ciudadano a la gestión migratoria del presidente Trump cayó del 51 % en marzo de 2025 al 41 % en enero de 2026. La ciudadanía empieza a ver el tema como uno rutinario y no como una crisis nacional.
Según especialistas en derechos humanos y migración, este giro operativo de ICE está provocando un cambio en la percepción pública. Las deportaciones ya no se limitan a cifras lejanas, ahora tienen rostro: vecinos, compañeros de trabajo y conocidos. “Es más difícil ignorar la violencia cuando ocurre en la puerta de al lado”, concluyen.
