Un juez federal de Estados Unidos condenó el pasado 9 de julio a Enil Edil Mejía Zúniga, también conocido como Chino, a 10 años de prisión y 3 años de libertad supervisada por encabezar una red internacional de tráfico de personas.
Mejía Zúniga, ciudadano hondureño y residente de Olancho, se encontraba ilegalmente en el país norteamericano y fue hallado culpable de contrabandear a entre 2,500 y 3,000 extranjeros con fines de lucro entre 2020 y 2023.
Además de la pena de cárcel, se le impuso una multa de $4,500. Se declaró culpable de 3 cargos relacionados con el ingreso ilegal de extranjeros a Estados Unidos. Su operación criminal, según documentos judiciales, trasladó personas desde países como Afganistán, Yemen, Egipto, India, Pakistán y Colombia, cruzándolas por la frontera sur estadounidense.
Según la investigación, Mejía Zúniga coordinaba la logística desde San Antonio, Texas, donde pagaba a conductores, coyotes armados y operadores de casas de seguridad. Las tarifas por migrante oscilaban entre $6,500 y $12,000, con testimonios de personas que llegaron a pagar hasta $20,000 por cruzar junto a familiares.
Entre los cómplices figuran Mónica Hernández Palma (México), Allyson Elsires Álvarez Zúniga (Honduras), y Genyi Arguenta Flores, también hondureño, quien ya fue sentenciado a cinco años de prisión. Un último acusado permanece en México pendiente de extradición.
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), junto con la Patrulla Fronteriza, coordinó el caso bajo la Operación Marea Roja, que incluyó seguimiento de transferencias bancarias, libros de contabilidad, identificaciones extranjeras y fotografías con armas de fuego.
“Esta sentencia envía un mensaje claro a quienes explotan nuestro sistema migratorio para su beneficio”, declaró Craig Larrabee, jefe de HSI en San Antonio. El fiscal federal Justin R. Simmons también subrayó que las acciones de Mejía Zúniga “pusieron en riesgo la seguridad nacional”.
Uno de los testimonios clave detalló cómo fue llevado por la organización a casas de seguridad en Monterrey y Piedras Negras, México, hasta ser cruzado al Río Grande por un coyote armado y luego trasladado a un hotel en San Antonio.
El caso fue procesado por la fiscal Jenna E. Reed, de la División Penal del Departamento de Justicia, y el fiscal adjunto Matt Kass, del Distrito Oeste de Texas.
