El gobierno de Estados Unidos anunció que a partir de octubre dará incentivos económicos a policías locales y estatales que se unan al programa 287(g), el cual les permite trabajar directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Migrantes centroamericanos en ese país advierten que la medida incrementará las detenciones y redadas, especialmente en estados conservadores.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que los gobiernos locales que participen en el programa recibirán reembolsos completos de salarios y beneficios para los agentes capacitados, además de un pago adicional de hasta el 25% por horas extras.
También se establecieron premios trimestrales que van desde 500 hasta 1,000 dólares por oficial, dependiendo de su “efectividad” en los operativos.
La subdirectora de ICE, Madison Sheahan, aseguró que esta estrategia busca “garantizar la seguridad de todas las familias estadounidenses” y llamó a las agencias locales a sumarse. Según el DHS, actualmente ya participan policías de 40 estados, con más de 8,500 agentes capacitados y otros 2,000 en formación.
Preocupación por los derechos humanos
Organizaciones migrantes, sin embargo, consideran que la medida incentivará redadas masivas. Alfonso Pérez, presidente de la Alianza de Guatemaltecos Unidos, afirmó que en estados como Florida y Arizona ya se observan operativos indiscriminados.
“Detienen a quien se les pone enfrente, sin importar el estatus migratorio. Incluso hay demandas por arrestos a residentes permanentes y ciudadanos estadounidenses”, denunció.
Por su parte, el líder comunitario Roland Gramajo, radicado en Texas, señaló que la comunidad latina vive con miedo. “Muchos ya no salen a trabajar, buscan sobrevivir de otras maneras porque no quieren regresar a sus países con deudas y sin oportunidades”, expresó.
También criticó que las deportaciones masivas se estén utilizando como promesa política: “Siempre han existido, pero ahora se hacen sin orden y en voz alta”.
Funciones migratorias a locales
El programa 287(g), creado bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE. UU., autoriza a ICE a delegar funciones migratorias a policías locales.
Existen dos modalidades: el “control en cárceles”, que permite identificar a extranjeros detenidos con cargos penales, y el modelo de “oficiales delegados”, que autoriza a policías a ejecutar órdenes administrativas de arresto contra inmigrantes.
Especialistas en migración advierten que esta estrategia, sumada a la meta de detener a 1,500 indocumentados diarios, podría derivar en un perfilamiento racial que afecte principalmente a hispanos y centroamericanos en territorio estadounidense.
