El Parlamento Europeo (PE) exigió endurecer las sanciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación y restaurar los derechos de miles de organizaciones civiles clausuradas, en una resolución aprobada en el pleno este mes..
La resolución europea califica al régimen de Ortega y Murillo como una de las autocracias más represivas del mundo. Señala que la reforma constitucional aprobada en enero de 2025 eliminó la separación de poderes y consolidó una copresidencia que controla todos los órganos del Estado y los medios de comunicación. El texto también denuncia la persecución sistemática contra defensores de derechos humanos, líderes religiosos y opositores, así como la represión a la Iglesia católica.
El Parlamento Europeo exige activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación con la UE, lo que podría suspender parte de la cooperación política y financiera con Managua. Además, pide aumentar las sanciones personales contra Ortega, Murillo y su círculo cercano, y restablecer la personería jurídica de más de 3,000 ONG’s ilegalizadas desde 2018.
Bruselas también condena los vínculos de Nicaragua con Irán, Venezuela y Cuba, a los que acusa de reforzar las prácticas autoritarias en la región. Según la resolución, el régimen nicaragüense “mantiene fuertes lazos con otras autocracias y ha cerrado la puerta a toda supervisión internacional de derechos humanos”.
El Salvador: militarización y denuncias
La UE expresó “profunda preocupación” por la erosión democrática en El Salvador, al señalar la falta de independencia judicial, el uso excesivo de la fuerza, la militarización del Estado y las restricciones a la libertad de prensa y de reunión. Bruselas también alerta por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, así como por el hacinamiento extremo en los centros penitenciarios bajo el régimen de excepción.
El Parlamento critica la negativa del gobierno salvadoreño a permitir misiones de observación o verificación internacional, e insta a retomar la cooperación con organismos de derechos humanos. “La lucha contra el crimen no puede justificar la suspensión permanente del Estado de derecho”, advierte el texto.
Centroamérica: condiciones democráticas
El Parlamento Europeo celebró la plena entrada en vigor, desde mayo de 2024, del Acuerdo de Asociación UE–Centroamérica, que incluye a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. El bloque pidió garantizar la participación de la sociedad civil en su implementación y asignar fondos suficientes para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La UE anunció nuevas misiones de observación electoral, destacando su presencia reciente en Guatemala y su próxima misión en Honduras en 2025, como parte del compromiso por fortalecer la transparencia y la confianza en los procesos democráticos.
Asimismo, la entidad resaltó la apertura de una oficina del Parlamento Europeo en Panamá, que servirá como enlace político y logístico para la región. Aunque Belice no fue mencionado directamente, la UE incluyó a Caricom/Cariforum, bloque al que pertenece, dentro de los socios prioritarios del Caribe.
Finalmente, el documento reafirma que la cooperación con Centroamérica debe basarse en democracia, derechos humanos y rendición de cuentas. Bruselas envía un mensaje claro: la ayuda y los acuerdos con la región continuarán, pero estarán condicionados al respeto del Estado de derecho y a la protección de las libertades fundamentales.
