El modelo de seguridad impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele vuelve a resonar fuera de Centroamérica. Esta vez, la comparación surgió en Chile, donde el gobierno puso en marcha un amplio operativo para concentrar a delincuentes de alta peligrosidad en la cárcel La Laguna, en Talca.
El recinto, considerado uno de los más modernos y seguros del país sudamericano, puede albergar hasta 2.320 presos, tiene 14 módulos y supera los 63.500 metros cuadrados de construcción. Más de 600 internos peligrosos fueron trasladados este jueves como parte de la denominada Operación Cancerbero.
Uno de los datos más llamativos es su despliegue tecnológico: dispone de más de 1.500 cámaras de vigilancia, una cifra equivalente a casi una cámara por cada dos plazas disponibles. También cuenta con más de 30 detectores de metales, tres escáneres corporales y equipos para detectar drogas y explosivos.
Las similitudes con la política penitenciaria de Bukele aparecen principalmente en el régimen aplicado a los criminales de mayor peligrosidad. Los presos deben utilizar uniforme, pueden permanecer incomunicados, no tienen llamadas telefónicas y las visitas se realizan mediante locutorios que impiden el contacto físico.
Las diferencias con El Salvador
Sin embargo, especialistas chilenos advierten que La Laguna no es una copia del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.
El exdirector de Gendarmería Claudio Martínez sostiene que el sistema chileno se aproxima más al régimen italiano 41-bis, diseñado para aislar a jefes criminales e impedir que continúen dirigiendo organizaciones desde prisión.
La comparación refleja, no obstante, el creciente peso regional de la estrategia de Bukele en el debate sobre seguridad. Mientras El Salvador convirtió las megacárceles y el endurecimiento penitenciario en símbolos de su ofensiva contra las pandillas, otros gobiernos latinoamericanos enfrentan la presión de contener organizaciones criminales que mantienen operaciones incluso desde las prisiones.
A diferencia del CECOT salvadoreño, la prisión chilena combina la máxima seguridad con programas de reinserción. El complejo incluye atención médica, tratamiento de adicciones, escuela, capacitación laboral, deporte y talleres, una diferencia que Chile mantiene como parte central de su política penitenciaria.
