En una audiencia celebrada el martes, los abogados del gobierno de EE. UU. informaron a un juez federal que, a pesar de un reciente acuerdo con Costa Rica para recibir a los deportados, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantiene su compromiso de deportar a Kilmar Abrego García a Liberia.
El caso de este ciudadano salvadoreño se ha convertido en un tema central del debate migratorio actual, especialmente tras su deportación errónea a El Salvador el año pasado.
Abrego García, de 30 años, quien ha vivido en Maryland durante muchos años con su esposa e hijo estadounidenses, fue traído ilegalmente a EE. UU. cuando era adolescente. Su caso acaparó la atención nacional tras ser deportado erróneamente a El Salvador en 2022, a pesar de una resolución que dictaminaba que no podía ser enviado de vuelta debido a las amenazas de una banda criminal que atentaba contra su familia. El gobierno, presionado, lo repatrió a Estados Unidos en junio de 2023, tras obtener una acusación formal por tráfico de personas en Tennessee.
En el centro de esta batalla legal se encuentra la postura del gobierno estadounidense de que Abrego García debe ser deportado a Liberia, país con el que Estados Unidos ha estado negociando acuerdos para la acogida de ciudadanos de terceros países.
Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), argumentó en un memorando de marzo de 2024 que enviar a Abrego García a Costa Rica, donde se había alcanzado un acuerdo previo, sería “perjudicial para Estados Unidos”. Según Lyons, se han invertido importantes recursos gubernamentales y capital político para asegurar la cooperación de Liberia.
Sin embargo, Abrego García sostiene que Costa Rica había accedido previamente a recibirlo y cree que debería ser enviado allí. Su equipo legal ha recalcado que enviarlo a Liberia podría tener graves consecuencias, especialmente después de su anterior deportación injusta a El Salvador.
En un fallo de un tribunal federal, la jueza de distrito estadounidense Paula Xinis declaró previamente que el ICE no tenía un plan claro para deportar a Abrego García, calificando los esfuerzos de la agencia como “amenazas vacías” sin ninguna posibilidad de éxito.
Durante la audiencia del martes, Ernesto Molina, de la Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia, sugirió que Abrego García podría “expulsarse voluntariamente” a Costa Rica, una afirmación que la jueza Xinis refutó de inmediato. Señaló que Abrego García enfrenta actualmente cargos penales en Tennessee por tráfico de personas, lo que hace poco realista esperar que abandone el país voluntariamente.
La jueza Xinis estableció un nuevo calendario para las presentaciones de informes y anunció otra audiencia sobre el caso, programada para el 28 de abril de 2024.
Los problemas legales de Kilmar Abrego García son un ejemplo de la complejidad de la política migratoria estadounidense. A pesar de su larga residencia en Estados Unidos, su proceso de deportación continúa, lo que complica aún más el debate sobre el trato a los inmigrantes indocumentados y el enfoque del gobierno estadounidense respecto a las deportaciones.
